Por Juan José García Amaro.
En el marco de su Informe Anual de Avances, el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que Chihuahua alcanzó el primer lugar nacional en la suspensión de servidores públicos que han sido investigados por presuntas faltas administrativas graves.
“Los procedimientos iniciados, colocaron a Chihuahua entre las entidades con mejores resultados del país en materia de justicia administrativa, al lograr el primer lugar nacional en la suspensión de servidores públicos investigados por presuntas faltas administrativas graves y el segundo en sentencias con responsabilidad”, precisó.
Durante la presentación de labores al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE), dijo que la eficacia de las investigaciones para probar la responsabilidad, la inhabilitación temporal de los involucrados y la cantidad de sanciones económicas ponen a la ASE en el segundo sitio de eficiencia dentro del comparativo con sus pares en el país.
El auditor dio a conocer los datos ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado como parte de su Informe Anual de Avances, en el que se incluye el seguimiento a las acciones emprendidas a la fecha por la ASE a partir de la revisión de cuentas.
Más adelante, informó que de 2019 a la fecha se han presentado 2 mil 766 denuncias administrativas por faltas graves y no graves, además, resaltó los logros alcanzados en materia de justicia administrativa.
En su comparecencia ante la comisión legislativa, el auditor destacó que el compromiso del órgano fiscalizador va más allá de las sanciones y por ello, resaltó que la recuperación de recursos asciende a 1,300 millones 443 mil 173 pesos, provenientes de la detección de daños, pagos improcedentes, recurso no comprobado o ejercido indebidamente, o bien, resultado de procedimientos legales o reparaciones.
Explicó que del acumulado total, corresponde a recuperaciones directas de la ASE, es decir derivadas del ejercicio de fiscalización una suma de 557.5 mdp; mientras que otros 742.9 mdp son recuperaciones indirectas, cuando se detecta que entes auditados adeudan a otras dependencias del Estado, sean obligaciones fiscales, seguridad social u otras.
Cabe mencionar que de un año a otro el total de recuperaciones aumentó en un 20 por ciento, mientras que en lo referente a recuperaciones directas, el 2025 sumó el 4 8 por ciento del total. Datos relevantes al ser la restitución de recursos un efecto tangible de la fiscalización, afirmó Acosta Félix.
Tras recibir el documento, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Leticita Ortega, dijo que el objetivo de fiscalización es observar que se realicen las mejores prácticas y la meta ideal que estas se arraiguen; agradeció el trabajo del equipo de la ASE y mencionó como urgente caminar a una reforma en la Ley de Fiscalización que permita avanzar en el tema.
En la reunión que fue de manera presencial y virtual estuvieron también las diputadas, Carla Rivas Martínez y Alma Portillo Lerma, así como los diputados Carlos Olson San Vicente, Saúl Mireles Corral y Roberto Artuto Medina Aguirre.
