Por Juan José García Amaro.
Tras participar en el Foro “Certificación para oficiales de cumplimiento” que se realizó en el Senado de la República, el auditor Superior de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, lamentó el rezago en la lucha contra la corrupción en el país, pues sólo se han llevado a tribunales entre cero y cinco casos en 10 años.
Durante el evento convocado por la Asociación Nacional de Profesionistas Contra la Corrupción, advirtió que a una década de que se expidieran las leyes que permitieron la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, persisten importantes áreas para mejorarlo.
“En este lapso, las sanciones por actos de corrupción en el sector público disminuyeron de manera significativa, sin que ello implique necesariamente una reducción del problema”, lamentó Acosta Félix ante el presidente de la Comisión Anticorrupción y de Transparencia del Senado, Francisco Barreda Pavón, entre otros asistentes.
En este sentido, dijo que un estudio reciente de la plataforma Transparencia Mexicana, se reveló que en los últimos 10 años, en 17 entidades del país, sus órganos fiscalizadores no han enviado un sólo expediente a los tribunales administrativos de su entidad.
“Otros siete, sólo han enviado entre uno y cinco casos, lo que nos permite decir que hay 24 entidades que tienen órganos fiscalizadores que sólo han llevado a tribunales entre cero y cinco casos en 10 años”, afirmó el titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.
Dejó en claro que las sanciones por hechos de corrupción en el país se redujeron un 75 por ciento desde la entrada en vigor de la nueva Ley General de Responsabilidades, “sin embargo, no corresponde a una baja en los casos, sino a fallas del Sistema Nacional Anticorrupción que impiden sancionarlos”, indicó.
Ante este panorama, reiteró ante el senador Francisco Barreda Pavón, y representantes de los sectores público, social y empresarial que a 10 años del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, resulta indispensable evaluar lo que funciona y lo que no.
Como ejemplo, citó datos del organismo Transparencia Internacional, según los cuales, 17 órganos fiscalizadores no han logrado una sola sentencia por el mal uso de los recursos.
Explicó que sólo seis órganos fiscalizadores estatales concentran el 90% de los resultados de combate a la corrupción relacionados con las sanciones a servidores públicos y particulares por el mal uso de recursos públicos, y Chihuahua está dentro de esos 6 órganos.
Por su parte, el presidente de la Comisión Anticorrupción y de Transparencia del Senado, Francisco Barreda Pavón explicó que los Oficiales de Cumplimiento para quienes se realizó el foro, serán los encargados dentro de las organizaciones, como lo hacen ya en algunas instituciones privadas, de vigilar el cumplimiento de la ley cuando éstas tengan interacción, principalmente, en los procesos de contratación con el Gobierno.
Al inaugurar el foro, el legislador explicó que se trata de los profesionales que son responsables de asegurar que los organismos y empresas cumplan con las leyes, regulaciones y normas éticas, e incluso, recordó que el Senado ya aprobó una propuesta relacionada con esta figura, pero está pendiente en la Cámara de Diputados.
En su participación, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Blanca Talavera Torres, destacó la importancia de fortalecer la prevención de la corrupción mediante la integridad, la profesionalización y la certificación de los oficiales de cumplimiento.
Señaló que la lucha contra este flagelo suele centrarse en las investigaciones y sanciones, cuando también es necesario impulsar acciones preventivas que permitan reducir riesgos antes de que ocurran irregularidades.
La funcionaria subrayó que la certificación y la profesionalización deben contribuir a transformar conductas, prevenir actos de este tipo y recuperar la confianza de trabajadores, empresas, instituciones públicas y ciudadanía.
Finalmente, Esaú Sánchez Pedroza, de la Asociación Nacional de Profesionistas en el Combate a la Corrupción, destacó que la corrupción genera pérdida de confianza en las instituciones y que es necesario avanzar de una cultura de reacción hacia un modelo basado en la prevención y la integridad corporativa y gubernamental.
Señaló que la figura del oficial de cumplimiento busca fortalecer las políticas de integridad de las empresas, mediante la aplicación de códigos de ética, manuales de procedimientos y mecanismos para prevenir, controlar y mitigar riesgos legales y administrativos.
