Por Juan José García Amaro.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), logró que un juez de Control vinculara a proceso a la exjefa del Departamento de Contabilidad de la empresa Bowí, C.M.A.J. por la presunta disposición de 645 mil pesos, los cuales, desvió de las cuentas bancarias de la paraestatal a su cuenta personal.
Señaló que en la causa penal 4603/2025, se acreditaron los argumentos expuestos por el agente del Ministerio Público y los datos de prueba presentados en la audiencia, relacionados con la presunta disposición indebida de los recursos de la Operadora de Transporte Vivebus Chihuahua S.A. de C.V. (BOWI), propiedad de Gobierno del Estado.
“La resolución deriva de una investigación que permitió establecer, mediante seguimiento financiero, la ruta de los recursos desde las cuentas de la empresa hasta una cuenta personal de la hoy vinculada a proceso.
“Uno de los elementos centrales de la investigación fue el análisis financiero obtenido bajo control judicial, que permitió a la representación social dar seguimiento a los movimientos bancarios y documentar 32 transferencias realizadas durante su encargo”, se detalló.
De acuerdo con los datos expuestos ante el juez, las operaciones se realizaron desde distintas cuentas bancarias de la paraestatal hacia una cuenta personal de la entonces Jefa del Departamento de Contabilidad, por un monto acumulado de 645 mil pesos.
La FACH sostuvo ante la autoridad judicial que las operaciones se realizaron aprovechando las facultades y atribuciones que la imputada tenía por razón de su cargo, y que los recursos involucrados pertenecían a una empresa propiedad del Estado de Chihuahua.
Por la naturaleza y monto individual de las operaciones, 29 hechos fueron clasificados como delito de peculado con penalidad agravada, conforme al artículo 270, fracción I, y su segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Como providencia precautoria, el Juez de Control embargó un bien inmueble, propiedad de la imputada, con el propósito de garantizar la reparación del daño y salvaguardar el monto de los recursos públicos, en caso de que así se determine al concluir el proceso, para lo cual, resolvió dar un período de 4 meses para la investigación complementaria.
Esta medida permite mantener una garantía patrimonial sobre recursos cuyo destino se encuentra sujeto a determinación judicial, observó la fiscalía especializada.
Por último, la FACH continuará con el proceso conforme a las etapas establecidas por la legislación penal, aportando ante la autoridad judicial los elementos obtenidos durante la investigación. La vinculación constituye una certeza en la investigación de la FACH y con elementos suficientes para llegar al juicio con una sentencia condenatoria.
La FACH reitera el firme cumplimiento al debido proceso y el respeto irrestricto de los derechos humanos de todo imputado. Con estas acciones reafirmamos nuestro firme compromiso de investigar y perseguir hasta las últimas consecuencias la conducta desviada de todo servidor público en el Estado de Chihuahua.
Detención
Agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) cumplimentó el pasado 29 de septiembre una orden de aprehensión en contra de C.M.A.J., por el delito de peculado con penalidad agravada, derivado de la presunta disposición de más de 645 mil pesos pertenecientes de la Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua S.A. de C.V. (“Bowí”).
De acuerdo con las indagatorias, entre el 16 de junio de 2024 y 22 de julio de 2025, la imputada, quien se desempeñaba como Jefa del Departamento de Contabilidad de dicha entidad, presuntamente aprovechó sus funciones para realizar 32 transferencias bancarias desde las cuentas de la empresa en BBVA a su cuenta personal.
El mandamiento judicial fue ejecutado alrededor de las 13 horas, en el municipio de Camargo, por elementos de la policía de investigación de la FACH. Tras su detención, fue puesta a disposición del Juez de Control competente para la celebración de la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente.
Cabe destacar que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada el 7 de julio de 2025 por la representación legal de la operadora, tras detectar el desvío de recursos que afecta de manera directa el patrimonio público del Estado.
