Desde mi teclado: Por Juan José García Amaro.
Luego de que la presidenta Claudia Sheibaum Pardo lo desmarcó de la muerte de 40 migrantes, y de paso lo premió con un cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Juez de Control, Víctor Manlio Hernández Calderón, decretó la extinción de la acción penal en contra del excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien fue acusado por ejercicio indebido del servicio público, lo cual se derivó de la tragedia ocurrida en la Estación Migratoria, el 23 de marzo de 2023.
Durante la audiencia, el juzgador dio fin al proceso judicial sin resolver el fondo del asunto en favor de Garduño Yáñez, ya que presuntamente había cumplido con las condiciones que se le impusieron en la causa penal 237/23. Entre estas, permanecer en su domicilio, cumplir con el pago de las indemnizaciones a las víctimas y garantizar la atención médica a las personas lesionadas a través del Seguro Social.
En el último punto, el cuestionado funcionario federal, no pudo tener mejor defensa que el propio Juez Federal, quien, al tener conocimiento que algunas de las víctimas no habían recibido atención médica, dijo que a Garduño no le competía garantizar dicha atención, pues él, había cumplido con gestionar un convenio entre el INM y el IMSS para atender a las personas lesionadas.
Entre otros reclamos que se desecharon de manera similar, el ex titular del INM no fue condenado y mucho menos se discutió su responsabilidad penal en estos lamentables hechos, en los que murieron intoxicados 40 migrantes y 27 más resultaron heridos, durante una protesta, en la que se registró un incendio en las mazmorras migratorias, se validó que Garduño echara mano de los recursos federales para pagar las indemnizaciones.
Por su parte, el asesor jurídico de las víctimas, Marcos Zavala, de la Fundación para la Justicia, dijo que apelarán la decisión del Juez Federal, pues cuentan con varios recursos para revocar la suspensión condicional del proceso, en el cual, se protegió en todo momento a Francisco Garduño, amigo personal del innombrable Andrés Manuel López.
Pese a lo anterior, el flamante director de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, donde percibe un sueldo superior a los 160 mil pesos mensuales, no se escapó de las condenas de “asesino”, mentadas de madre y diversos insultos, al llegar al Centro de Justicia Penal Federal, que se ubica en las avenidas Tecnológico y Pedro Rosales de León.
El cobijo
El 21 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum justificó su nombramiento en la SEP: “Él viene desde hace mucho tiempo trabajando (con la 4T). Es doctor en Derecho, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, no está bajo proceso de ningún tipo no tiene ya ningún proceso jurídico.
“Y con Mario (Delgado) se tomó esa decisión”, sentenció la Presidenta, quien, por este tipo de declaraciones, ha sido señalada de encabezar en Palacio nacional, el más influyente despacho de todos aquellos personajes de Morena vinculados o señalados por diversos delitos: Por un lado, Francisco Garduño y Rubén Rocha Moya, y por otro, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros angelitos.
Precisamente, haciendo un paréntesis, sin contar la defensa que CSP ha tendido sobre los narcopolíticos que son reclamados por Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico, un grupo de abogados cuestionaron sus declaraciones, en las que descartó que Andrés Manuel López Beltrán, esté involucrado en actividades criminales.
Los profesionistas puntualizaron que corresponde a la fiscalía investigar y a los jueces determinar responsabilidades, por lo que consideraron que, “desde la Presidencia de la República no se puede exonerar a ninguna persona”.
