Por Juan José García Amaro.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que este martes el ciudadano mexicano, Alexander Villatoro Moreno, líder de una organización criminal, se declaró culpable ante un tribunal de Tampa, Florida, por conspiración y someter al trabajo forzado a jornaleros mexicanos entre el 2015 y 2017, en aquel país.
Villatoro Moreno, alias “Quichi” de 53 años de edad, quien fue extraditado el 14 de noviembre de 2025 por las autoridades mexicanas al vecino país, junto con otros cómplices, operaban y administraban “Los Villatoros Harvesting”, una empresa contratista de mano de obra agrícola, que funcionaba como una organización criminal que obligaba a las víctimas a trabajar en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte.
Los integrantes de este grupo criminal, reclutaban fraudulentamente a ciudadanos mexicanos para que ingresaran a Estados Unidos con visas agrícolas de corto plazo H-2A y engañaron al Gobierno de Estados Unidos para obtener visas para las víctimas.
Villatoro Moreno y sus coacusados cobraron a los trabajadores tarifas de reclutamiento exorbitantes para trabajar en su empresa y les mintieron sobre cuánto cobrarían, las horas que trabajarían, las condiciones laborales y el reembolso que recibirían por el pago de las tarifas de reclutamiento y otros gastos.
“Los trabajadores se vieron obligados a realizar largas jornadas de trabajo agrícola físicamente exigente, de seis a siete días a la semana, por un salario muy inferior al que les correspondía por ley.
“Además de las condiciones de trabajo, Villatoro Moreno y sus coacusados utilizaron varios medios coercitivos para obligar a las víctimas a trabajar, imponiendo deudas a los trabajadores; confiscar los pasaportes de los trabajadores; someter a los trabajadores a condiciones de vida de hacinamiento, insalubres y degradantes.
“Abusar verbalmente y humillar a los trabajadores; amenazarlos con arresto, cárcel y deportación; aislar a los trabajadores impidiéndoles interactuar con cualquier persona que no fueran empleados de LVH; y amenazar con dañar físicamente a los familiares de los trabajadores en México si los trabajadores no cumplían con sus demandas”, se indicó.
Luego de que se iniciaran las investigaciones por esta serie de violaciones, Villatoro Moreno obstruyó la investigación federal al preparar información de nómina falsa para ocultar pagos insuficientes a los trabajadores y distribuir recibos de reembolso falsos a las víctimas para hacer parecer que su empresa LVH estaba cumpliendo con la ley al reembolsar a los trabajadores sus gastos de viaje.
Coacusados de Villatoro Moreno se declaran culpables
En este contexto, el Departamento de Justicia informó que los cuatro coacusados de Villatoro Moreno se declararon culpables en este caso: Bladimir Moreno, hermano de Alexander, era propietario de LVH y se declaró culpable en 2022 de conspiración para violar la Ley RICO y conspiración para cometer trabajos forzados.
Efraín Cabrera Rodas y Christina Gámez, supervisores de LVH, se declararon culpables de conspiración para violar la Ley RICO, y Guadalupe Méndez Mendoza, supervisora de LVH, se declaró culpable de conspiración para obstruir una investigación federal.
En 2022, Bladimir Moreno fue sentenciado a 118 meses de prisión y se le ordenó pagar más de 175,000 mil dólares en restitución a las víctimas, mientras que Rodas y Gámez fueron sentenciados a 41 y 37 meses de prisión, respectivamente. Mendoza también fue sentenciada en 2022 a cumplir ocho meses de arresto domiciliario y una multa de 5 mil 500 dólares a pagar durante 24 meses de libertad supervisada.
Tras lo anterior, se dio a conocer que el Gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), brindó asistencia significativa en la extradición de Villatoro Moreno a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las autoridades mexicanas para lograr la detención y extradición de Villatoro Moreno.
El abogado litigante Matthew Thiman, de la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales de la División Penal, y la fiscal federal adjunta Ilyssa Spergel del Distrito Medio de Florida, están a cargo del caso. La exfiscal litigante y actual fiscal federal adjunta Maryan Zhuravitsky del Distrito de Maryland, también está en este caso.
