Desde mi teclado: Por Juan José García Amaro.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tomó nota de los cargos penales que presentó la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en contra del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otras nueve personas, con lo cual se sacudió a la Presidencia de la República.
Este anunció que llegó con todo y órdenes de aprehensión con fines de extradición, en contra de los 10 presuntos narco-políticos, se dio en momentos en que por 10 días consecutivos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene un embate en contra del gobierno norteamericano y de la gobernadora Maru Campos, por la presunta participación de agentes de la CIA en el hallazgo de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua.
Sin embargo, a pesar de que el Gobierno de México cuestionó este proceso penal en contra del mandatario sinaloense, amigo muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el embajador sostuvo que combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México.
“Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de Derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos quieren, y como lo he señalado en reiteradas ocasiones: es lo que merecen.
“Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos”, señaló Ronald Johnson.
En un breve comunicado, señaló que ambos gobiernos mantienen un compromiso y una relación basada en la confianza mutua. “La responsabilidad compartida y el Estado de Derecho. Si bien, no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones.
“El proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, puntualizó el embajador de EU en México.
Cabe señalar que las acusaciones fueron presentadas por fiscales federales en Nueva York, una jurisdicción que en los últimos años ha llevado casos relevantes contra figuras vinculadas al narcotráfico y redes de corrupción con alcance internacional.
Más allá de este caso, el pronunciamiento de la embajada envía una señal clara: Washington mantendrá su política de cero tolerancia frente a actos de corrupción vinculados al crimen organizado, incluso cuando involucren a actores políticos de alto nivel.
SRE cuestiona solicitudes de detención provisional con fines de extradición
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este 28 de abril a las 18 horas se recibieron las solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.
“De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición.
“Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, subrayó la cancillería.
Añadió que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer, advirtió.
Hay pruebas en contra de Rocha Moya
En este contexto, el Departamento de Justicia aseguró contar con pruebas de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se reunió personalmente con los líderes de “Los Chapitos”, quienes lo apoyaron para ganar la elección de 2021 mediante acciones violentas como el secuestro de candidatos opositores, robo de urnas y amenazas de muerte a votantes a cambio de impunidad en sus operaciones de tráfico de drogas.
Por ello, el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya, por narcotráfico y encabezar una amplia red de protección institucional al Cártel de Sinaloa, integrada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Ovidio Guzmán López, alias el “Ratón”, extraditado en 2023.
Las imputaciones de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York recibieron el aval de un Gran Jurado e incluyen a otras nueve personas: el senador Enrique Inzunza Cázares, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Mendívil; Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado.
Marco Antonio Almanza Avilés; exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Publica; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante de la policía municipal de Culiacán.
El fiscal federal Jay Clayton aseguró que el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. “El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar.
“Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, advirtió.
Los cargos contra el mandatario son conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivo. Las penas van de 40 años de prisión a cadena perpetua
De acuerdo con el expediente número S9 23 Cr. 180, en múltiples ocasiones, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya asistió a reuniones con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros dirigentes del Cártel de Sinaloa, pero prefirió apoyar a los primeros.
A cambio del apoyo y millones de dólares en sobornos, la red del gobernador morenista facilitó el tráfico de drogas del cártel hacia Estados Unidos, incluyendo grandes cantidades de fentanilo, cocaína heroína y metanfetamina.
La FGR fija la postura del Gobierno de México
La Fiscalía General de la República (FGR) informa que en éste, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, se deben cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia.
“En este caso, hemos sido notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el Gobierno de los Estados Unidos de América”, indicó.
Asimismo, dio a conocer que, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
De esta manera, el gobierno federal, a través de la FGR, así como los líderes la fuerza legislativa de Morena, ‘esa’ que ya se había preparado para linchar a la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes de la CIA implicados en el hallazgo del narcolaboratorio, salieron a grito abierto para exigir pruebas que impliquen a Rocha Moya con el narcotráfico.
En contraste, la senadora Lilly Téllez, celebró las acciones que se impulsaron desde Washington en contra del mandatario y otros nueve políticos. «A mi me da un gusto enorme empezar a ver que se hace justicia… Lamento que la justicia tenga que hacerse desde el extranjero y que no se haga en nuestro país».
En conferencia de prensa, la legisladora recordó aquel día en que el entonces presidente López Obrador, sin ningún rubor, iba presto y solicito a saludar a la madre de Joaquín «El Chapo» Guzmán». «Quiero recordarlo, porque eso fue para mí, la gota que derramó el vaso cuando dejé a la bancada de Morena…
«»Cuando me di cuenta que estos verdaderamente tenían un acuerdo con los narcos. Hoy se confirma lo que he estado repitiendo durante muchos años, firme y constantemente denunciando que Morena es financiado por los cárteles, por eso liberaron a Ovidio, y por eso, ahora, aquí los de la bancada de Morena no quieren que se hable del tema…
«Hay que recordar también que cuando Claudia Sheinbaum era precandidata, López Obrador la llevó de inmediato a Sinaloa a juntarla y a exhibirla en público con Rocha Moya y Claudia Sheinbaum respaldó a Rocha Moya en aquel momento cuando ya había más que indicios de que Morena es financiado por los cárteles», enfatizó.
