Por Juan José García Amaro.
Repudia Ponce Rojas el desaseo en este proceso contra la Gobernadora
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentó, la mañana de este martes, una solicitud de juicio político en contra la gobernadora Maru Campos Galván, por violación a la soberanía y a la seguridad nacional, lo cual, nunca cometió, afirmó el exsubprocurador General de la República, Federico Ponce Rojas.
“Sí, recibí este 26 de mayo a las 9:51 esta solicitud de escrito inicial de juicio político. Se presentó hoy y, bueno, pues en términos procedimentales tienen tres días para ratificarla, señaló la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.
“En términos procedimentales, una vez que se presenta el juicio, digamos, se necesita ratificarla, ratificar el documento. O sea, si se presentó hoy, tendría que ser —26, 27, 28— el 29, digamos, para su ratificación, y una vez que se ratifique, pues se irá a, en caso de que se ratifique, digamos, dando por supuesto que se vaya a ratificar, se va a la Subcomisión de Examen Previo. Ese es el procedimiento”, añadió.
Los legisladores locales de Morena presentaron una demanda de juicio político contra Maru Campos, por presuntas violaciones a la Constitución y omisiones “graves” con incidencia en la soberanía nacional, la seguridad nacional y el orden federal, lo cual, apunta, se derivó de la presencia de los agentes extranjeros en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
“La presente denuncia tiene por objeto que la Cámara de Diputados admita, sustancie y, en su caso, formule acusación ante la Cámara de Senadores respecto de la probable responsabilidad política de la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua.
“Por hechos vinculados con la presunta presencia, colaboración, tolerancia u ocultamiento de agentes extranjeros en territorio nacional dentro de un contexto operativo de seguridad, así como por la posible invasión de competencias reservadas a la federación en materia de seguridad nacional y política exterior”, se indica en el documento de 104 cuartillas.
La legisladora y presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, dijo que los “ciudadanos en carácter de diputados locales del Congreso de Chihuahua”, firmantes de la demanda, precisaron que la imputación se formula en dos planos alternativos y concurrentes.
El primero: “si del acervo probatorio se desprende que la persona denunciada solicitó, autorizó, consintió o encubrió mecanismos de colaboración operativa directa con agentes extranjeros al margen del marco constitucional federal, o bien llevó a cabo actos de
acuerdos, tratados, entendimientos con gobiernos extranjeros reservados a una esfera de gobierno diversa”.
La segunda: “si se acredita que su calidad de titular del Poder Ejecutivo estatal y responsable política del aparato administrativo de la entidad permitió un funcionamiento institucional carente de control y reportes, así como de supervisión suficiente, con el consecuente quebranto al orden constitucional y a la soberanía nacional”.
Finalmente, Kenia López Rabadá, confirmó la recepción de la denuncia en la Secretaría General en el Palacio de San Lázaro a las 09:51 horas de este martes.
“En términos procedimentales se necesita ratificar; se presentó hoy, tendría que ser el 29 para su ratificación y, una vez que se ratifique, pues irá, en caso de que se ratifique, se va a la Subcomisión de Examen Previo”, reiteró.
Repudia Ponce Rojas el desaseo en este proceso contra la Gobernadora
Federico Ponce Rojas, exsubprocurador General de la República, sostuvo que, desde un principio, se violentó el fuero constitucional de la gobernadora Maru Campos Galván, lo cual, dijo, se inició desde la entrega del citatorio, “mismo que está plagado de errores.
“El fundamente no es el adecuado, y en él se habla del 111 constitucional en lugar del 110. Uno habla del desafuero y otro de juicio político. Esto implica que ya hay una imputación, todo este procedimiento contra la gobernadora Maru Campos. Está muy viciado desde el principio (y) la presunción de inocencia.
“El citatorio de marras no especifica en qué calidad se le está citando, tiene que salir la Secretaría de Gobernación (como ya lo hizo) a aclarar que es como testigo, pero porque la Secretaría de Gobernación? Quien tiene la obligación de establecer con que carácter se te cita es precisamente la Fiscalía General de la República”, señaló.
Explicó que de entrada, presumiendo una imputación, una imputación que se ha dicho públicamente que es de traición a la patria y una serie de cosas que no vienen al caso. Vale la pena darle una leída al artículo 74 de la Ley de Seguridad Nacional que se ha mencionado insistentemente y de allí, rápidamente se describen conductas que constituyen una violación que es sancionable con la presencia de agentes extranjeros para la extracción de personas, la extracción de habitantes en territorio nacional, etcétera, etcétera.
“Y en ninguno de estos presupuestos o hipótesis encuentro yo que quepa la descripción de la conducta que se le atribuye a la gobernadora Maru Campos. Esto está en el artículo 74.
Y es muy específico este artículo de la Ley de Seguridad Nacional”, puntualizó en una entrevista que ofreció al periodista, Joaquín López-Dóriga.
Más adelante, el profesionista cuestionó que a la mandataria se le cite para este miércoles en calidad de testigo, cuando no lo es, y encima, se le trate como a una persona imputada.
“El testigo es de derecho explorado, es aquel al que le constan los hechos. A la gobernadora no le constan, ya lo dijo, y no le constan por una sencilla razón, en todo caso, el operativo fue instrumentado por la Fiscalía General del Estado.
“La Fiscalía General del Estado, como todas las fiscalías, son autónomas, hoy mismo la Presidenta lo dijo que la FGR era autónoma. Pues sí, pero una autonomía donde muchos ejecutivos la vulneran y la usan como instrumento político, en el caso de Chihuahua, pues ya lo dijo la Gobernadora: No lo sabía y no tenía por qué saberlo.
“Porque dentro de la autonomía de esta fiscalía están las atribuciones de implementar un operativo. Además, de que los gobiernos de los estados, los gobernadores concretamente, están obligados a cumplir con la Constitución General, con la Constitución del Estado y con todas las leyes que de ella emanan.
“Es decir, hay una figura de auxiliares de la autoridad federal en el cumplimiento de estas obligaciones, exactamente no se le ha atribuido, concretamente, más que la presencia de agentes de la CIA. Para este tema, pues está este artículo que mencionaba el 74 de la Ley de Seguridad Nacional que describe puntualmente cuales son las hipótesis que pudiesen considerarse como delito. “No está la gobernadora, concretamente, no está en estas hipótesis, se le trata como imputada, y si fuese ese el caso, no es procedente, porque suponiendo sin conceder, que hubiese una imputación, pues entonces el tratamiento es distinto. Ella tiene que presentarse acompañada de un abogado defensor que te concede la Constitución, y además te puedes negar a declarar, es tu derecho no declarar”, concluyó Ponce Rojas.
