El Cristalazo: Por Rafael Cardona
Como si fuera evidencia de dominio en el área bajo su responsabilidad o prueba de la organización en el gobierno federal, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, respondió sobre la protección de Rubén Rocha Moya con la palabra favorita de los policías de segunda línea cuando quieren disimular algo: desconozco.
Quizá en la IV-T eso se halle dentro de la normalidad aludida arriba, pero en el lenguaje de todos los días, eso querría decir no sé, no tengo idea, no me avisan, no me dicen, ni me pelan; no tengo reporte, nadie me comunica; no se me toma en cuenta; me saltan y me brincan, me ignoran. Una belleza en boca de quien ha sido señalado por los eternos arúspices como la carta más fuerte del régimen para suceder a doña Claudia Sheinbaum. Eso nunca va a ocurrir.
La protección brindada en todos sentidos (político y policial) al señor Rocha Moya ha resultado una papa caliente en la fallida comunicación de la 4-T.
Con base en la errónea suposición de que una negativa de protección federal ofrece una apariencia distinta ante el gobierno de los Estados Unidos, cuyos halcones persisten en la extradición de ese y los demás integrantes de su narco gobierno, el recurso ha sido echar la pelota –como Trionda de colores–, a las policías estatales, sin demostrar ni una cosa ni la otra. Lo único probado ha sido la confusión.
Ayer, en la conferencia matutina –cada vez con menos utilidad para la presidencia; mucha exposición, poca conducción— la bola del engrudo seguía sin entrar al arco en el asunto del narco.
“…Él no solicitó medidas de protección ni el gabinete de seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del Gobierno federal, él en su calidad de exgobernador tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones, pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del gabinete de seguridad… (OGH)”
En la farragosa explicación del desconocimiento, García Harfuch se confunde en varias circunstancias administrativas. ¿Los exgobernadores tienen funcionarios? Pues ya quisiéramos saber quiénes y con cuáles funciones. ¿Sigue teniendo autoridad?
“Tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía. Eso suena como aquel juego infantil, de tin ma rín, de do pingüe… ¡cuídalo, cuídalo que este fue!
Pero estas confusiones no son cosa nueva. Algunos tropiezan varias veces con la misma piedra. El 21 de mayo esto se publicó:
“…La seguridad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue generando polémica, pues en semanas recientes tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, han hecho declaraciones que se contradicen una con la otra, generando mayor especulación sobre quién cuida al mandatario…”.
Y esto:
“Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicita y a partir de una evaluación de riesgo… Entiendo que sí…
“La Presidenta aseguró que esta decisión no es gestionada por ella, sino que existe un proceso de solicitud donde las autoridades mexicanas deciden si es viable y necesario otorgar protección.
“No es (SE) que lo decida la presidenta, se solicita a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o directamente a la Secretaría de la Defensa.
“La Defensa tiene una metodología para hacer la evaluación -o la Secretaría de Gobernación-, hace una revisión de riesgo: “¿es posible que esté en riesgo por una u otra razón?”. Y a partir de ahí toma la decisión de sí poner vigilancia o no poner vigilancia”.
Harfuch precisó que ninguna institución federal le brinda escolta al gobernador con licencia:
“Tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del Estado. Él como es gobernador con licencia, cuenta con un servicio de escolta, pero del Estado”.
Pero el 4 de mayo, “El informador”, había publicado esto: Omar García Harfuch, dio a conocer que Rubén Rocha Moya tiene equipo de seguridad personal, la cual no solicitó, pero se le dio “por recomendación”. ¿Recomendación de quién?
Además, si se tratara de seguridad personal, nadie necesitaría recomendar algo.
Pero la discreción sobre las fuerzas federales estaba rota desde el mismo 4 de mayo. Ese día la señora presidenta (con A), fiel a su costumbre de explicar para respaldar sus decisiones, dijo:
“Sí, normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al gabinete de seguridad, apoyo en su seguridad, se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete.”
Y así la pelota rueda y gira sobre el césped de la confusión. Alguien debería patearla fuera de la cancha antes de otro autogol. En fin.
La solicitud del gobierno de Estados Unidos para extraditar a Rocha Moya y su banda, fue planteada a fines de abril. La presidencia de la República se ha basado en el artículo tercero del tratado respectivo, el cual dice a la letra (sin mencionar plazos fatales):
“…Sólo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida…”. Por eso ayer la señora presidenta (con A), explicó:
“Si no hay pruebas, el gobierno dice no. Estados Unidos puede iniciar un juicio formal de extradición si así lo considera pertinente, y además está la investigación que realiza la Fiscalía”, sostuvo.
“La mandataria (El economista) recordó que existen antecedentes de solicitudes similares presentadas por México ante autoridades estadounidenses que fueron rechazadas por falta de elementos probatorios”.
Sin embargo, toda esta justa argumentación jurídica no sirve para mucho frente a la actitud política del gobierno de Estados Unidos sobre todo después de la salvaje operación militar contra el “Tren de Aragua la semana pasada a cuyo líder “Nilo” la muerte le cayó del cielo. Un dron los hizo pedazos con todo y las ruedas del tren.
Tras el ataque vinieron más amenazas contra México.
“Sara Carter, zarina antidrogas del gobierno de EU, ha dicho con toda claridad (para que se oiga bien, como dicen los políticos mexicanos). “El gobierno de Trump busca desmantelar las estructuras de los grupos criminales de México, incluyendo a aquellos dentro del gobierno que se han vendido a los cárteles”.
“…Y por cierto, ahora mismo, ya saben, estamos atacando a la gente de Sinaloa, a todos los funcionarios del gobierno que forman parte del clan Culiacán, que han protegido al Cártel de Sinaloa, a Los Chapitos y a Los Mayitos y a toda la operación de Joaquín Guzmán. Podemos hacerlo porque el gobierno mexicano, como muchos gobiernos de nuestro hemisferio, sabe que el presidente Trump cumple su palabra, sin duda alguna. “Si él dijera: ‘vamos por ustedes, si no cooperan los vamos a atacar y se van a arrepentir”.
“…Las declaraciones de Carter surgen en medio de la estira y afloja entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo y el de Donald Trump (Apro), en materia de combate a los grupos criminales, marcado por las felicitaciones de la administración de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano por su “cooperación” en el arresto de actores criminales, y de críticas por la protección otorgada a los políticos que trabajan con los grupos de la delincuencia organizada”
Las palabras de Carter tuvieron respuesta presidencial: “No quiero entrar en debate con ella. Conoce nuestra posición, nuestra posición es muy firme en la defensa de la soberanía, en la colaboración sin subordinación…”. Pero el problema, por desgracia, no es tan simple como debatir o no.
