Por Juan José García Amaro.
Una muestra de la complicidad del narcotráfico y Morena… En Sinaloa
“No serán las autoridades judiciales mexicanas, cooptadas por Morena quienes resuelvan sobre la presunta responsabilidad de López Obrador”, dijo Jorge Romero Herrera, tras denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) al expresidente Andrés Manuel López Obrador por crímenes de lesa humanidad.
Luego de presentar la denuncia ante el Tribunal de Justicia Permanente, con sede en La Haya, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero se pronunció por la urgente necesidad de que sea un organismo de talla internacional la que investigue la muerte de más de 200 mil homicidios y más de 150 mil desaparecidos bajo el gobierno de López Obrador.
“Presentamos ante la Corte Penal Internacional una denuncia para que se investiguen las posibles responsabilidades de Andrés Manuel López Obrador por presuntos Crímenes de
Lesa Humanidad”, precisó el panista al apuntar que en esta denuncia se incluyen a diversas organizaciones criminales relacionadas presuntamente con el tabasqueño.
“Acción Nacional presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales para que se investiguen las posibles responsabilidades penales individuales derivadas de los pactos político-criminales que se implantaron y expandieron en México.
“La denuncia señala posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico”, detalló.
Al acudir ante la CPI, la cual tiene competencia exclusiva para procesar cuatro tipos de delitos contemplados en el Estatuto de Roma, como son: Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, Jorge Romero afirmó que durante la administración de AMLO se permitió el empoderamiento del crimen organizado en el país, y con ello, el resultado antes descrito.
“La denuncia sostiene que la realidad que hoy vive México en materia de inseguridad, no es producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano que permitió o incluso provocó el establecimiento e híper empoderamiento del crimen organizado en México, a raíz de establecer un pacto político entre Gobiernos de Morena (principalmente el federal 2018–2024) y el crimen organizado”, resaltó.
En la denuncia también se sostiene que entre 2018 y 2024 se implementó una política deliberada de cesión de soberanía frente al crimen organizado, con casos emblemáticos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.
Explicó que “el narcopacto” conocido como “abrazos, no balazos” permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado Mexicano renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. “No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país.
“Al mismo tiempo, han surgido señalamientos e investigaciones sobre presuntos vínculos entre actores de Morena y organizaciones criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Los casos de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal (gobernadores de las entidades citadas) han profundizado la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en el poder político.
“Por ello acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes. Acción Nacional seguirá denunciando todo lo que tenga qué denunciar.
“Somos y seremos por siempre la voz de millones de personas que claman justicia por sus seres queridos y que saben que una supuesta transformación los traicionó. Las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas, y a los delincuentes la justicia tarde o temprano los alcanzará”, concluyó Jorge Romero.
Una muestra de la complicidad del narcotráfico y Morena… En Sinaloa
La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortes, acusó a Morena de minimizar la grave crisis económica y de seguridad que enfrenta el estado, luego de que la consejera Jurídica Federal, Luisa María Alcalde, descalificara las denuncias realizadas por el sector empresarial sobre las afectaciones provocadas por la violencia en esta entidad.
Barajas Cortes señaló que mientras Morena insiste en construir una narrativa de normalidad, la realidad que viven miles de familias sinaloenses refleja un panorama completamente distinto.
“La realidad de Sinaloa se está cayendo a pedazos, desde el inicio de esta crisis de violencia, el saldo supera las 3 mil 800 personas privadas de la libertad, más de 11 mil vehículos robados y más de 3 mil 300 homicidios, mientras la economía continúa perdiendo inversiones, empleos y oportunidades”, lamentó.
La dirigente panista respaldó los señalamientos realizados por la presidenta de Coparmex en Sinaloa, Martha Reyes, quien advirtió sobre el cierre o baja de alrededor de 7 mil empresas, “así como la pérdida de más de 38 mil empleos formales y la desaparición de más de 4 mil patrones registrados ante el IMSS”, subrayó.
Wendy Barajas también exigió transparencia sobre el destino de aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos en créditos y financiamientos que comprometieron recursos públicos del estado.
“Mientras los negocios cierran y las familias pierden su sustento, Morena sigue sin explicar qué pasó con esos recursos, los sinaloenses tienen derecho a saber dónde quedó ese dinero y por qué los resultados no se reflejan en una mejor economía ni en mayor seguridad”, dijo.
Como se recordará, Rubén Rocha Moya, fue impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para contender por la gubernatura sinaloense. Para ello, se contó con el apoyo abierto y contundente del Cártel de Sinaloa para alcanzar el triunfo. Hoy, Rocha Moya es reclamado por EU por sus ligas con la facción de Los Chapitos.
