Desde mi teclado: Por Juan José García Amaro.
Hasta las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicadas en la colonia Doctores de la Ciudad de México, llegó la gobernadora Maru Campos Galván para denunciar al agente del Ministerio Público Federal que violentó su fuero constitucional al citarla para declarar este 27 de mayo sobre el narcolaboratorio que fue desmantelado en Morelos, Chihuahua.
Acompañada por el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; los coordinadores parlamentarios en las Cámaras de Diputados y Senadores, Elías Lixa y Ricardo Anaya, así como su abogado Roberto Gil Zuarth, la mandataria llegó casi a las 10:00 horas a la FGR, cuya institución, se ha convertido
“Hay que decirlo con toda claridad, se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpado”, reveló la mandataria al reservarse el derecho de declarar, pues no fue a eso, pero estando en las entrañas de la FGR, supo que la esperaban con una mala sorpresa.
“Desde hace un mes, el gobierno federal está buscando como torcer la ley para perseguirme. Ese es el México en el que vivimos, un México que Morena y su gobierno están haciendo pedazos al abrazar a los delincuentes mientras persiguen a quienes intentamos ir a hacer cumplir la ley”, reprochó la mandataria.
Al tiempo en que el consejero Jurídico del Estado, Carlos Rivera, se presentó en la Delegación de la FGR, en Ciudad Juárez, para entregar un escrito de la mandataria y dar cumplimiento al citatorio que se le giró el pasado sábado para que se presentará este miércoles a declarar, Maru Campos, acudió a las oficinas centrales a dar la cara.
Pero en este caso, acudió a la FGR a denunciar al agente del Ministerio Público que le giró un citatorio para que acudiera como testigo, porque esa representación social no tiene facultades para llamarla, pues está protegida por el fuero constitucional, se explicó.
Al respecto, Gil Zuarth explicó que la titular del Ejecutivo acudió a la sede de la FGR porque ese fue el domicilio señalado en el citatorio para presentar escritos y objeciones, pero aclaró que la Gobernadora no compareció formalmente a declarar.
“No venimos al acto formal de comparecer, venimos a denunciar al agente del Ministerio Público que le mandó un citatorio para que comparezca alguien que no está obligada a comparecer”, afirmó.
“El escrito entregado rechaza la facultad del Ministerio Público para imponer actos de molestia a la gobernadora en calidad de testigo o inculpada, al considerar que su cargo está protegido por la Constitución”, puntualizó el profesionista y miembro del PAN.
“Nos ceñimos estrictamente al contenido del mal logrado citatorio en el que le fue notificado a la gobernadora el sábado pasado. Con este escrito estamos dando puntual respuesta a la intención inconstitucional de la FGR de sujetar a la gobernadora a un acto de investigación que detrás de una aparentemente inocua entrevista, intentaba lograr un situación preimpunitiva en su contra”, indicó.
Por lo anterior, Gil Zuarth dijo que no reconocen la facultad de ningún Ministerio Público para imponer actos de molestia en calidad de testigo, de inculpado, a la gobernadora Maru Campos, porque la función que desempeña se encuentra protegida por la Constitución.
“La inmunidad constitucional, sirve para resistir este tipo de hostigamientos en contra de un servidor público de oposición”, precisó.
En el escrito entregado en la Fiscalía Especial en Investigación de Casos Complejos de la FGR, Maru Campos, denunció que el oficio que le hizo llegar el Ministerio Público es “ambiguo, internamente incongruente y carente de debida fundamentación y motivación”.
Asimismo, sostuvo que no acudió a comparecer en calidad de testigo ni para sujetarse a acto de investigación alguno.
Explicó que el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales exceptúa de comparecer ante el Ministerio Público u órgano jurisdiccional a los gobernadores. “La excepción me resulta plenamente aplicable”, señaló.
Afirmó en el documento entregado en la FGR que el Ministerio Público carece de atribuciones para someter al titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa a actos de investigación de carácter personal mientras subsista la inmunidad constitucional.
Maru Campos explicó que el artículo 111 de la Constitución restringe cualquier imposición de actos de molestia personal por parte del Ministerio Público y, en su caso, de los órganos jurisdiccionales mientras se ejerza el cargo o se levante la protección constitucional.
“Esta excepción no está sujeta a la discreción ministerial: es el presupuesto mismo de la independencia entre órdenes de gobierno y del ejercicio libre de la función pública, esto es, sin interferencias inducidas por actos de hostigamiento procesal o penal”, apuntó.
“Queda claro que el diseño del Código Nacional es incompatible con la diligencia que pretende el citatorio y resulta jurídicamente irregular”, señaló la mandataria.
Por su parte, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, acusó que el citatorio forma parte de una ofensiva política contra la Gobernadora y advirtió que el partido responderá con movilización si la autoridad federal intenta avanzar contra la mandataria sin seguir los procedimientos constitucionales.
Declara Jáuregui en la Delegación de la FGR
Tal como se esperaba, el exfiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, se presentó a declarar este miércoles en la Delegación de la FGR, con sede en Ciudad Juárez. En la ‘entrevista’ se le cuestionó sobre las personas que participaron en el operativo que se implementó para desmantelar el narcolaboratorio.
Tras casi 100 minutos que fue interrogado por el Ministerio Público, salió a las 12:31 y ofreció una breve entrevista banquetera, en la que dijo que aportó información sobre la carpeta de investigación que se abrió en torno al narcolaboratorio y sobre los agentes extranjeros que presuntamente participaron en el operativo.
Como se recordará, el pasado 19 de abril, Jáuregui Moreno, dio a conocer, que tras el hallazgo del narcolaboratorio, se registró un accidente carretero en el que fallecieron, el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, el agente Manuel Genaro Méndez Montes, y dos agentes extranjeros.
Mientras en México, se desconoce la identidad de los extranjeros fallecidos, en los medios internacionales, se les identificó como Richard Leiter Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44, pertenecientes a la CIA, sin embargo, la Embajada y el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, mantienen bajo secrecía la identidad real, pese a que la FGE solicitó su apoyo para formalizar su identidad.
