Especial: Por Jorge Aguilar
Ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) de remitir la situación de personas desparecidas México a la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) valora que este proceso plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación a fin de consolidar una política integral de Estado, con participación de las familias, articulación entre lo local y lo nacional, y resultados efectivos en la atención a víctimas, la búsqueda y la investigación, y el combate a la impunidad.
Este organismo capitalino reconoció la gravedad de las desapariciones forzadas como violaciones a derechos humanos y la necesidad de reforzar las acciones del Estado mexicano para garantizar verdad, justicia y medidas de no repetición.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada informó el pasado dos de abril del 2026 su decisión de someter ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la intervención del Secretario General, la situación de las desapariciones forzadas en México.
En su resolución, señala que, si bien no encontró evidencia de una política federal para cometer desapariciones, ya sea por acción deliberada u omisión, sí identificó indicios fundados de que éstas se han perpetrado y continúan en diferentes lugares y momentos del país, en algunos casos con participación directa de servidores públicos y, en otros, con la autorización, apoyo o aquiescencia de éstos.
El Comité reconoce los esfuerzos del Estado mexicano, pero concluyó que han sido insuficientes. Por ello, sometió a consideración de la Asamblea General la necesidad de brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para la búsqueda, identificación e investigación, así como un mecanismo para esclarecer la verdad y proteger a las familias y organizaciones acompañantes.
En tanto, el Estado mexicano rechazó la decisión del Comité, al argumentar su desacuerdo con las perspectivas y conclusiones adoptadas, y al señalar que no tomó en cuenta las acciones normativas, políticas, presupuestales y operativas implementadas en años recientes para enfrentar más integralmente esta situación.
“El llamado del CED abre una coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientado a generar nuevas alternativas, rutas y posibilidades de colaboración frente a los retos que persisten para romper los círculos de colusión, impunidad y desprotección.
Desde la Ciudad de México, la CDHCM valora esta oportunidad para encauzar una política integral de Estado que provea soluciones viables con un enfoque de derechos humanos, y reafirma su compromiso de impulsar y aportar al fortalecimiento de las capacidades institucionales, atendiendo las causas estructurales, con el horizonte del regreso digno y con justicia de todas las personas desaparecidas a sus hogares”.
“Para la CDHCM el contexto de desapariciones que atraviesa el país requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica, tanto de instancias nacionales como de los mecanismos del sistema internacional de derechos humanos que, durante décadas, han acompañado esta agenda con aportes valiosos para la búsqueda, la verdad, la justicia y la reparación”.
“En la Ciudad de México, si bien la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de Justicia, a través del Gabinete de Búsqueda de la Ciudad de México, han anunciado esfuerzos relevantes de coordinación para mejorar los procesos de búsqueda, investigación e identificación y la atención a las familias, estos deben seguir fortaleciéndose e implementándose adecuadamente para traducirse en resultados concretos”, expresó la Comisión.
Agregó que el panorama actual plantea la necesidad de fortalecer una respuesta pública integral, articulada y sostenida, que convoque todas las capacidades y recursos disponibles, con participación sustantiva y protección de las familias, fortalecimiento de la prevención, investigaciones diligentes, búsqueda inmediata y atención adecuada a la crisis forense.
“Esta respuesta exige una visión sistémica y la articulación efectiva entre los ámbitos local y nacional, desde el reconocimiento de la complejidad de los actores, contextos y dinámicas que intervienen”.
