Por Juan José García Amaro.
La Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Arizona, acusó en Phoenix al propietario de la tienda Grips By Larry, antiguo titular de una licencia federal de armas de fuego (FFL, por sus siglas en inglés) de cargos relacionados con la prestación de apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS), cárteles mexicanos que fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras en 2025.
El 17 de marzo de 2026, un gran jurado federal en Phoenix presentó una acusación formal modificada contra Laurence Gray, de 65 años y residente de Hereford, Arizona, por intento de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para brindar apoyo a una organización terrorista extranjera designada. Gray compareció hoy ante un tribunal federal para la lectura de cargos.
Gray, propietario de Grips by Larry, distribuidor de armas de fuego con licencia federal en Arizona, fue acusado previamente en 2025 de delitos de tráfico de armas, junto con Barrett Weinberger, de 73 años y residente de Tucson, Arizona.
Los cargos originales contra ambos sujetos incluían tráfico de armas, complicidad en la compra de armas por testaferros y complicidad en la presentación de declaraciones falsas durante la compra de un arma.
Además de los cargos adicionales relacionados con armas de fuego, la acusación formal sustitutiva de la semana pasada añadió pruebas de apoyo material a los cargos de terrorismo contra Gray, destacó la fiscalía federal, en el Distrito de Arizona.
La acusación formal alega que Gray intentó a sabiendas proporcionar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025, y que conspiró a sabiendas para proporcionar armas de fuego tanto al CJNG como al CDS ese mismo año.
Ambos cárteles fueron designados por el Secretario de Estado de los Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras de conformidad con la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad el 20 de febrero de 2025.
Por lo anterior, las autoridades federales, señalan que las condenas por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada conllevan una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares o ambas.
Además, una condena por tráfico de armas de fuego conlleva una pena máxima de 15 años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares o ambas. Una condena por complicidad en la compra fraudulenta de armas de fuego conlleva una pena máxima de 15 años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares o ambas.
Una condena por complicidad en una declaración falsa sustancial durante la compra de un arma de fuego conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares o ambas, detalló la fiscalía.
Cabe destacar que este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de delitos violentos.
La Operación Recuperar Estados Unidos optimiza los esfuerzos y recursos de los Grupos de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado (OCDETF) del Departamento y del Proyecto Vecindario Seguro (PSN).
Por ello, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) llevó a cabo la investigación de este caso, mientras que el fiscal federal adjunto, Marcus Shand, del Distrito de Arizona, en Phoenix, está a cargo del procesamiento.
