Por Juan José García Amaro.
El Departamento de Justicia, informó que un pollero de origen guatemalteco, se declaró culpable de tráfico de persona y por el accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021, en Chiapas, donde perdieron la vida más de 50 personas y resultaron heridas más de 100, al viajar hacinadas en un camión de remolque.
“Se declaró culpable de cargos de tráfico de personas relacionados con el choque de un camión con remolque repleto de al menos 160 inmigrantes ilegales, muchos de ellos guatemaltecos, que provocó la muerte de más de 50 personas, incluidos menores no acompañados, y dejó más de 100 heridos”, se precisó.
De acuerdo con los documentos judiciales, Daniel Zavala Ramos, conocido como “Dany ZR”, de 42 años y originario de Guatemala, reconoció haber conspirado con otros traficantes para transportar extranjeros indocumentados, tanto adultos como menores no acompañados, desde Guatemala a través de México hasta Estados Unidos.
Zavala Ramos y sus cómplices reclutaban a extranjeros guatemaltecos, cobraban el dinero y organizaban su viaje a pie, en microbuses, camiones de ganado y tráileres. Daniel Zavala Ramos fue extraditado de Guatemala en 2025 para enfrentar cargos.
“Los inmigrantes ilegales pagaban a Zavala Ramos y a sus cómplices para ser introducidos de contrabando en Estados Unidos. En algunos casos, Zavala Ramos y sus cómplices proporcionaban a los menores no acompañados un texto pre-escrito para que lo usaran si eran detenidos por las autoridades de inmigración estadounidenses”, se indicó.
Durante la conspiración, el 9 de diciembre de 2021, Zavala y sus cómplices organizaron que los inmigrantes ilegales que estaban introduciendo de contrabando en Estados Unidos fueran cargados en un camión con remolque que los transportaría a través de México.
El pesado camión se estrelló al norte de la frontera entre Guatemala y México, cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, causando la muerte de 56 personas, y más de 100 inmigrantes ilegales resultaron heridos, algunos de gravedad.
Zavala Ramos se declaró culpable de conspiración para introducir e intentar introducir a un inmigrante indocumentado en Estados Unidos, poniendo en peligro su vida, causándole lesiones corporales graves y, como consecuencia, su muerte.
Zavala Ramos será sentenciado el próximo 7 de julio y se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal federal de Distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El Grupo de Investigaciones contra la Proliferación de HSI en Washington D.C. investigó el caso en colaboración con HSI Guatemala y HSI México, así como la Unidad de Tráfico de Personas de HSI, HSI Houston, HSI Laredo, el Grupo de Trabajo Internacional de Interdicción de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
La Patrulla Fronteriza, el Alguacil del Condado de Liberty, Precinto 6, Operaciones de Control y Deportación de ICE en Houston, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, División de Beaumont, y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscales en el Extranjero de la División Penal.
Cada una de las agencias federales brindaron asistencia significativa para asegurar los arrestos y extradiciones de los acusados. Los fiscales guatemaltecos de la Oficina del Ministerio Público y los fiscales mexicanos de la Fiscalía Federal de la República Mexicana, con el apoyo de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de ambos países, también fueron fundamentales para el avance de la investigación.
La abogada principal Danielle Hickman, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP) de la División Penal, y las fiscales federales adjuntas Mary Lou Castillo y Jennifer Day, del Distrito Sur de Texas, están llevando el caso, con la importante colaboración de la especialista en América Latina e historiadora de la HRSP, Joanna Crandall.
Hasta la fecha, la labor de JTFA ha dado como resultado más de 450 arrestos nacionales e internacionales de líderes, organizadores y facilitadores importantes del contrabando y/o tráfico de personas; más de 395 condenas en Estados Unidos; más de 345 penas de prisión significativas impuestas y la confiscación de bienes sustanciales.
Este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.
La Operación Recuperar Estados Unidos optimiza los esfuerzos y recursos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y del Proyecto Vecindario Seguro del Departamento, concluyó el Departamento de Justicia.
