Por Juan José García Amaro.
La FGR advierte que va con todo el peso de la ley contra Chihuahua
Fiscal impide arresto de Javier Corral
En lo que fue un mensaje velado al Gobierno de México, la Casa Blanca lanzó su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, en el cual citó a nuestro país en más de 30 ocasiones, para advertir que se impondrán sanciones significativas a las naciones que faciliten el tráfico de drogas, particularmente, el fentanilo.
Esta estrategia fue anunciada mientras EU y México sostienen una tensa relación: Primero, por la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, y segundo, por los cargos de narcotráfico presentados contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Luego de que la Casa Blanca redefinió la crisis del fentanilo como amenaza a su seguridad nacional, advirtió que aplicará sanciones significativas a las naciones que faciliten el tráfico del opioide sintético, pues esta crisis, “no es accidental, sino resultado de estructuras criminales con capacidad operativa en territorios clave:
“No es un accidente, es el resultado de organizaciones criminales transnacionales que explotan nuestras fronteras para traficar sustancias letales, envenenando deliberadamente a millones de estadounidenses”, precisó la Casa Blanca en su estrategia antidrogas.
Destacó que estas sanciones van desde multas financieras, hasta acciones legales contra los países de origen de las clasificadas: Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT).
“La Administración Trump exigirá responsabilidades a los países por su falta de regulación de las industrias químicas y farmacéuticas que facilitan la crisis de las drogas. Además, la estrategia se actualizará y se aplicará las regulaciones sobre equipos para la fabricación de drogas, como las máquinas de comprimir y encapsular”, señaló.
Sin desmarcar al país azteca en su combate a las organizaciones del narcotráfico, en esta estrategia se refirió a la extradición de líderes de organizaciones designadas como grupos terroristas, para condicionar la entrega de los capos a cambio de apoyo en inteligencia táctica y programas de capacitación para las fuerzas armadas de México.
La Casa Blanca señaló que los Departamentos de Estado, Justicia y Guerra, se asegurarán de que exista una cooperación sólida, sostenida y medible del gobierno mexicano para identificar y desmantelar a las organizaciones terroristas transnacionales y extranjeras que operan dentro del territorio nacional.
“Esto incluye fortalecer la coordinación entre Estados Unidos y México contra las amenazas transnacionales mediante programas de fortalecimiento de capacidades para funcionarios del sector de la justicia y de las fuerzas del orden mexicanas, intercambio de
inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas”, ofrece EU a México.
“Esta asistencia estará condicionada por resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, enjuiciar y extraditar a los líderes de las organizaciones
terroristas extranjeras y desmantelar los laboratorios de drogas sintéticas”, se precisa.
Además, se aborda otra línea de acción en contra de las organizaciones criminales, como atacar la estructura financiera del crimen organizado con sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), principalmente a los líderes terroristas, facilitadores financieros y sus redes de adquisición.
“El Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), hará uso de sus facultades únicas para identificar las principales preocupaciones sobre lavado de dinero y adoptar una o más medidas especiales para proteger el sistema financiero estadunidense”, se destaca.
En esta nueva estrategia que lanzó el gobierno norteamericano, incluye un enfoque específico en los proveedores de precursores químicos en la República Popular China y otros lugares que permiten la producción de fentanilo.
La FGR advierte que va con todo el peso de la ley contra Chihuahua
El Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), advirtió que aplicará “todo el peso de la ley” a los funcionarios del Gobierno del Estado que permitieron la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento del narcolaboratorio que se realizó el pasado 17 de abril, en Morelos, Chihuahua.
Ulises Lara, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, al dar un avance al seguimiento a la investigación sobre los hechos acontecidos en días pasados, dio a conocer que se citó a 50 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para declarar en torno al citado caso.
“La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), realiza las diligencias de investigación derivado de la noticia criminal dada a conocer por el ahora ex fiscal general de justicia (César Jáuregui Moreno), en el marco de una rueda de prensa ofrecida el pasado 19 de abril.
“Dicha noticia derivó del fallecimiento de cuatro personas, dos de las cuales fueron identificadas como agentes extranjeros que realizaban funciones en territorio nacional en el marco de una investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua, relacionada con el hallazgo de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas.
“Como parte de los trabajos realizados por la FGR, hemos logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días”, explicó.
El fiscal explicó que se han realizado requerimientos de ley a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido.
De igual manera, añadió, se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR.
“La Fiscalía General de la República reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”, concluyó.
Fiscal impide arresto de Javier Corral
Ulises Lara, entonces encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, impidió el 14 de agosto de 2024 la captura del exgobernador Javier Corral Jurado, quien estaba a punto de ser detenido por agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, para ser procesado por el delito de peculado agravado por casi 100 millones de pesos.
Esa noche, en el restaurante de la colonia Roma, donde el actual senador por Morena fue sorprendido por los agentes chihuahuenses, Ulises Lara sostuvo que la detención era ilegal y que carecía de los oficios de colaboración entre fiscalías, lo fue rechazado por el titular de la FACH, Abelardo Valenzuela, quien afirmó que se contaba con la documentación para detener a Corral Jurado, quien es considerado “prófugo de la justicia”.
Ahora, como fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, anunció que esta institución decidió investigar el caso de los agentes de la CIA como “noticia criminal”, no como denuncia ni querella, lo que no se ha hecho en otros casos de alto impacto, como fue el caso del caso de Nemesis Oseguera Cervantes “El Mencho”.
Tras el deceso del líder del CJNG, se ‘permitió’ el ingreso de personas particulares y reporteros a la zona en la que vivió sus últimas horas, como el lugar, en el que fue abatido, Al respecto, Ulises Lara, informó categóricamente que la FGR no contaba con garantías de seguridad para resguardar la escena del crimen.
