Dentro de la abogacía independiente de la Federación existe una preocupación manifiesta por mejorar las instituciones de impartición de justicia, en verdad que hay problemas por resolver, sin embargo, los indicadores del Movimiento de Regeneración Nacional son claros, vamos hacia la destrucción de la independencia del Poder Judicial Federal.
Para concederle solidez a lo expuesto al inicio de la presente colaboración, habría que recurrir al pensar y decir de los licenciados Armando Bravo López y Luís Eduardo Cruz Arce, “el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a la independencia, sin estorbos institucionales, ni injerencias de ningún tipo”.
Las togas de impartición de justicia deben de carecer de superiores jerárquicos y de órdenes de líderes que puedan enturbiar la independencia judicial, exclusivamente se deben de ceñir al sentido de justicia, que no puede ser otro, en su raíz, que el de aplicar e interpretar el ordenamiento constitucional en favor, siempre, de los derechos y libertades de todos los mexicanos.
Es decir, los derechos de libertad, seguridad jurídica e igualdad, que son inherentes a los derechos humanos, ello es el fundamento del orden político, el respeto a los nacionales y el mantenimiento de la paz social.
Cosa distinta es lo que acontece en este segundo piso de la Cuarta Transformación de la República, donde prevalece el temor a una independencia judicial o, si se prefiere dicho de manera coloquial, el miedo a la justicia.
Parece que los adeptos a la manera de ser de Andrés Manuel López Obrador y muchos otros políticos del poder, están empecinados en inculcar a los jueces electos por voto popular la “imbecilidad de Estado”, propia de los corruptos del poder y de la narco-política.
En el México decente y pensante de hoy, ello es sin duda, una de las más grandes confrontas jurídicas-políticas de los actuales tiempos. El poder del Estado que intenta y desea, a toda costa, la inmunidad e impunidad de todos los políticos gobernantes, ya que continúan pretendiendo controlar, denigrar, humillar y debilitar a la justicia, que por designio de la Carta de Carranza es la máxima instancia que debe de controlar y suavizar el poder del Estado.
No hay nada mejor para el Movimiento de Regeneración Nacional que exasperar la condición de los impartidores de justicia hasta el punto de lograr que esas togas se conviertan en “sirvientes” del gobierno.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.
