Por Juan José García Amaro.
Ante las manifestaciones e inquietudes expresadas por participantes del Proceso de Admisión Docente 2026-2027, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que el Gobierno del Estado ha mantenido en todo momento su disposición al diálogo y ha brindado atención directa al magisterio.
Esto, con el propósito de explicar los criterios normativos, presupuestales y técnicos que determinan la asignación de plazas y espacios docentes. El proceso se realiza conforme a los lineamientos de la SEP y USICAMM; el Gobierno del Estado no reserva ni oculta plazas definitivas, precisó
Durante las recientes manifestaciones, la SEyD atendió las demandas y explicó que el proceso de admisión no es un procedimiento determinado por el Gobierno del Estado, sino que es parte de un mecanismo nacional establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), cuyas disposiciones deben ser observadas por las autoridades educativas estatales.
En este sentido, la SEyD afirmó que no se están reservando, ocultando ni reteniendo plazas definitivas. La disponibilidad de una plaza y la posibilidad de ofertarla en determinado centro de trabajo depende de diversos factores que deben ser revisados antes de su asignación.
“Cuando se genera una vacante por jubilación, renuncia, defunción, promoción, cambio de adscripción u otra causa, esta no puede asignarse automáticamente de manera definitiva en el mismo plantel.
“Previamente debe verificarse la disponibilidad presupuestal, la plantilla autorizada, la infraestructura y, principalmente, las necesidades reales del servicio educativo”, indicó.
Además, conforme a la normatividad vigente, antes de llegar a la etapa de Admisión deben atenderse otros factores como cambios de centro de trabajo, readscripciones, promociones y aquellos derivados de situaciones de inseguridad, salud o determinaciones jurídicas.
Únicamente las vacantes que permanecen disponibles después de estas etapas pueden ser consideradas para el proceso de Admisión, puntualizó la dependencia estatal.
“Es preciso también aclarar la diferencia entre una plaza vacante y un espacio vacante. La primera corresponde a una unidad presupuestal autorizada, con una clave y recursos asignados, que puede tener carácter definitivo o temporal, en tanto, la segunda representa la necesidad de contar con personal docente en un grupo o plantel determinado.
“Esta necesidad se establece con base en factores como la matrícula, estructura ocupacional autorizada y las relaciones alumno-maestro y alumno-grupo. Por ello, que un plantel requiera un docente no significa automáticamente que exista una plaza definitiva disponible para asignarse de manera permanente en esa escuela”, detalló.
Adicionalmente, añade, es necesario considerar que la disminución de matrícula impacta en la disponibilidad de espacios. Del ciclo escolar 2025-2026 al presente, la matrícula en el estado disminuyó en más de 45 mil estudiantes, situación que necesariamente impacta en la estructura ocupacional, en la distribución de docentes y en la disponibilidad de espacios dentro de los planteles.
Por ello, la autoridad educativa debe garantizar que los recursos docentes se asignen donde realmente existe una necesidad del servicio y evitar asignaciones que posteriormente no correspondan con la matrícula o la estructura autorizada.
Ante esta situación, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), reitera que las puertas permanecen abiertas al diálogo y que continuará atendiendo las inquietudes de las y los participantes.
“El Gobierno del Estado reconoce y respeta el derecho a la manifestación, pero también considera indispensable que la información sobre el proceso se conozca con claridad:
“Las reglas de Admisión son establecidas por la autoridad educativa federal y la SEyD actúa conforme a esos lineamientos, atendiendo además las necesidades reales del sistema educativo estatal.
“La prioridad de Chihuahua es garantizar que cada grupo cuente con una maestra o un maestro, que los recursos públicos destinados a educación sean utilizados responsablemente y que las asignaciones se realicen con transparencia, apego a la normatividad y respeto a los derechos de quienes participan en el proceso”, concluyó.
