Por Juan José García Amaro.
“El SNA requiere de cambios profundos para lograr los propósitos para lo que se creó, pues sus resultados siguen siendo mínimos”, afirmó el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, al participar en la asamblea ordinaria de la Comisión de Contralorías Estados -Federación, región noroeste, celebrada este fin de semana en Chihuahua.
Al recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción fue creado el 27 de mayo de 2015, ante una crisis de credibilidad en el gobierno federal, el auditor destacó que la motivación fue dar una respuesta inmediata a una crisis, por lo que no fue fruto de un análisis profundo de las mejores prácticas para prevenir y combatir la corrupción.
“Algunos de los problemas del Sistema es que su máximo órgano, que es el Comité Coordinador, hace coordinables a instituciones que en principio deben ser imparciales, como el Poder Judicial y los tribunales de justicia administrativa, además, a 11 años de su creación, los subsistemas de la Plataforma Digital Nacional siguen subutilizados o sin funcionar”, subrayó el funcionario.
En la reunión, cuyo anfitrión fue el secretario de la Función Pública, Roberto Fierro, acudieron las y los titulares de las Secretarías del Control Interno de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, además, el titular del Estado de México y la coordinadora Nacional, Alejandra Pani Barragán, secretaria Anticorrupción del Estado de Morelos.
A pregunta expresa, el auditor de Chihuahua, dijo que urge una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues, con estadísticas, mostró el desplome nacional en la aplicación de sanciones a partir de la entrada en vigor de dicha ley que dejó fuera de sanción una buena cantidad de conductas que a diario se detectan por los órganos fiscalizadores en el país.
Asimismo, expuso la necesidad de “echar a andar” el Sistema Nacional de Fiscalización, que es parte del SNA, y que en la práctica sigue sin operar, con lo cual, se lograría una cobertura mayor de auditorías a la Federación, estados y municipios.
Además, se homologarían criterios de revisión y se evitaría lo que ahora está sucediendo: entes que son auditados al mismo tiempo por varios fiscalizadores y muchos otros cuyo gasto no es revisado todos los años.
