La narco-política persiste: la abogacía independiente lo sabe, pero no ha logrado que el Poder Ejecutivo Federal actúe y ordene que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal la investigue y se sancione al responsable de su creación.
En gran parte por que la procuración e impartición de justicia nos mantiene en espera de que fenezca la corrupción que los invade y, en parte también, porque, los que han intentado indagar a la narco-política en casos concretos, se han visto bloqueados por la misma jerarquía institucional.
La política que imperó durante el neoliberalismo y siguientes gobernanzas se fundó en separar la justicia del conocimiento de los delitos cometidos por narco-políticos. Por un lado, la incompetencia y complacencia de las instituciones para indagar, reprimir y extinguir ese deplorable fenómeno político; por otro, la complicidad y pasividad para
otorgarle perpetuidad a la corrupción y gananciales que provee.
De este modo se ha asegurado que agentes del ministerio público, jueces, fiscales y magistrados, queden sujetos a las reglas que se emitan desde el Ejecutivo.
Es cierto, también que las instituciones de procuración e impartición de justicia fueron “tocadas” por esa anomalía. Pero sus posicionamientos jurídicos lo fueron más, pues encontraron apoyo en expresiones y actuares de diputados, senadores y gobernadores que, pese a que la opinión pública los reprobara, esos mal nacidos estaban demasiado acostumbrados a los beneficios económicos que se obtienen de ello, a pervertir la norma, a la corrupción y al desamor por México.
Los estudiosos del Derecho no deben de resignarse a ese abuso de poder mediante el cual se obtienen fuertes beneficios económicos para los partidos políticos y gobernantes, en contra de lo que disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas
éticas. La política y la justicia no se deberían de haberse involucrado, como aconteció, con dinero proveniente del narcotráfico.
Esas togas de pensamiento y acción desean que se rompan esos tabúes que socaban los cimientos de nuestras instituciones y que originan una vergüenza para nuestra Patria.
La abogacía independiente no será ni extensa ni numerosa, comparada con los adeptos a cierta forma de gobernar, pero sus opiniones jurídicas, actitudes, rechazos y acciones contienen una fuerte carga legal que hoy resulta expansiva, singularmente para aquellos abogados que bregan por la justicia y que siempre intentan defender la dignidad de la Patria.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A. C.
