Por Juan José García Amaro.
La diputada federal, Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC), impulsó una iniciativa a fin de que los tres ámbitos de gobierno estén obligados a prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por la delincuencia organizada.
Detalló que la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incluye los casos de reclutamiento, captación, utilización o instrumentalización para participar en la comisión de delitos, incorporarse a asociaciones delictuosas o grupos de delincuencia organizada, realizar actividades en beneficio de éstos o facilitar su operación, cualquiera que sea el medio empleado para su vinculación, incluidos los entornos digitales.
También señala, dijo, “el derecho de las y los menores a recibir atención en entornos libres de violencia, sin que en modo alguno se autorice cualquier forma de reclutamiento, captación, utilización o instrumentalización para la comisión de delitos, o en beneficio de asociaciones delictuosas o de crimen organizado”, apuntó.
Dijo que cuando sean víctimas de estas acciones, las autoridades deben garantizar su protección, recuperación, desvinculación segura, restitución integral de derechos, prevenir su revictimización o nueva vinculación y favorecer su reintegración familiar y comunitaria, atendiendo en todo momento al interés superior de la niñez.
También, que se adopten medidas de recuperación y restitución de derechos que cuiden las afectaciones derivadas de esa vinculación y favorecer su reintegración familiar, educativa y comunitaria, así como la reconstrucción de su proyecto de vida.
“Estas acciones podrán comprender atención médica y psicológica, continuidad, reincorporación o traslado educativo; fortalecimiento de redes familiares y comunitarias seguras, actividades culturales, deportivas, recreativas, capacitación, orientación vocacional y las necesarias para prevenir su revictimización o nueva vinculación.
“Esta reforma plantea que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno deberán conformar una instancia multidisciplinaria que establezca mecanismos para la prevención, detección, atención y canalización de estos casos”, señaló la legisladora federal.
Además, dijo que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, federal y locales, deberán contar con estrategias de protección o reubicación temporal, dar seguimiento a las acciones del plan de restitución, y cerciorarse de que los derechos de la niña, niño o adolescente estén garantizados y hayan cesado las condiciones que puedan propiciar su revictimización o nueva vinculación.
La diputada Ballesteros expresó que el reclutamiento es una forma de violencia, y la respuesta del Estado no puede centrarse solo en endurecer sanciones penales, sino atender las causas que favorecen su captación y garantizar su salida segura de esas estructuras.
“Esta reforma se pronuncia por fortalecer acciones de prevención, protección y atención de niñas, niños y adolescentes frente a contextos que favorecen su incorporación a dinámicas de violencia y evitar su utilización por organizaciones criminales”, subrayó.
Cabe destacar que la modificación a los artículos 47, 48, 57 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
