Por Juan José García Amaro.
La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero, al “Plan B” se le retiró lo relativo a la revocación de mandato.
El dictamen fue avalado en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra, por lo que reunió la mayoría calificada que se requiere para la aprobación de una reforma constitucional. Con este resultado, la propuesta presidencial pasó a la Cámara de Diputados.
Mientras que en lo particular, se aceptó la reserva que presentó la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, para suprimir los cambios al artículo 35 sobre la revocación de mandato, por lo que esta figura se mantiene en los términos vigentes de la Constitución Política.
La legisladora argumentó que su grupo parlamentario respalda el proyecto de la Presidenta, al igual que el fortalecimiento de la participación del pueblo; sin embargo, sostuvo que la revocación de mandato y las elecciones son mecanismos con propósitos distintos que, de mezclarse en un mismo proceso electoral, “se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático”.
Al respecto, el líder del PT, Alberto Anaya, había advertido que no apoyarían el “Plan B” y frenar el apoyo completo a la primera reforma constitucional después de 24 votos para imponer la mayoría calificada de las bancadas de la 4T en el Senado.
“Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la constitución”, manifestó en el Pleno, lo cual fue celebrado por los senadores de la oposición que intentaron frenar la propuesta electoral impulsada desde Palacio Nacional.
Por su parte, los senadores de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano presentaron sus propuestas para modificar el dictamen, pero no fueron aceptadas por el Pleno del Senado, por lo que los artículos 115, 116 y 134 fueron avalados, con 87 votos a favor y 41 en contra en los términos del dictamen; el documento que fue remitido a la Cámara de Diputados.
Con los cambios constitucionales, los Ayuntamientos podrán integrarse con una sindicatura y hasta quince regidurías; también para el ámbito local, se agrega que el presupuesto de las legislaturas locales no debe exceder del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.
Para las autoridades electorales, el dictamen precisa que no podrán tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal los consejeros, magistrados, secretaros titulares de las órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas.
En el tercero transitorio del proyecto también se establece que el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de ese periodo, una reducción acumulada equivalente al quince por ciento.
En la discusión del dictamen, Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, defendió que la reforma a la revocación de mandato confirma a este mecanismo como una expresión sustantiva del principio de soberanía popular y como instrumento de control democrático, “no es una figura simbólica, es una herramienta que transforma la manera en que se ejerce el poder” por lo que, sostuvo, que con esta reforma “el mandato deja de ser inmutable” para estar sujeto al escrutinio de la gente.
Por el PAN, Verónica Rodríguez Hernández señaló que esta reforma “vende” una idea de eliminación de privilegios, pues, acusó, que en realidad busca “concentrar el poder” y “vulnerar” el federalismo y la división de poderes, al decidir desde el centro del país la integración de los cabildos municipales sin consultar a los congresos locales.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Manuel Añorve Baños, acusó que lo que se pretende no es autoridad, sino control. “Lo que quieren es que aparezca la Presidenta por la puerta de atrás” y así utilizar los recursos de las entidades donde existe afinidad, indicó.
Del PVEM, el senador Waldo Fernández González agregó que la reforma establece límites razonables, plantea una integración más eficiente de los ayuntamientos, establecer máximos a la integración de regidurías y evitar mecanismos de control político.
Clemente Castañeda Hoeflich dijo que MC tomó la decisión de rechazar el “Plan B”, porque consideran que en términos generales no tiene ningún impacto positivo en la vida positiva de los mexicanos y que el dictamen pretende hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante. Lo más sustantivo y negativo es que desnaturaliza la revocación de mandato, un instrumento de empoderamiento ciudadano.
Pleno del Senado debate reforma sobre “Plan B” electoral
El Pleno del Senado inició la discusión del dictamen para reformar cuatro artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer la figura de revocación de mandato, reducir privilegios de empleados de los organismos electorales del ámbito federal y estatal, disminuir el gasto de los congresos locales y de esta Cámara, así como limitar las regidurías de los ayuntamientos.
El proyecto conocido como “Plan B” electoral, proviene de una iniciativa remitida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 17 de marzo a la Cámara de Senadores, con el que se modifican los artículos 35, 115, 116 y 134 constitucionales y se proponen nueve disposiciones transitorias para su entrada en vigor.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que esta reforma es de una gran “relevancia constitucional y democrática”, pues recoge una convicción profunda de que en México el poder “ya no se entiende como privilegio, sino como responsabilidad, y no como imposición, sino como mandato popular”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, coincidió en que este proyecto no solamente es una reforma constitucional: es una “definición” de cómo se concibe el ejercicio de las responsabilidades públicas, donde el poder se “ejerce con humildad” y el servicio público “es un deber y nunca un privilegio”.
La asamblea rechazó con 77 votos en contra y 39 a favor una moción suspensiva del proyecto presentada por el senador Agustín Dorantes Lámbarri, del Grupo Parlamentario del PAN, quien argumentó en tribuna que el dictamen de la reforma debe ser devuelto a las comisiones dictaminadoras para una revisión más detallada.
