Por Juan José García Amaro.
Derivado de una denuncia por hechos ocurridos en Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a tres personas por su probable participación en los delitos de secuestro agravado, tráfico de personas y delincuencia organizada, en agravio de una mujer extranjera.
Luego de los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
La indagatoria inició el pasado mes de julio, en seguimiento a una denuncia por hechos ocurridos en Ciudad Juárez, en la que se reportó que la víctima fue trasladada y alojada en esta frontera con la intensión de cruzarla de manera ilegal a Estados Unidos.
Si embargo, en este proceso, fue privada de su libertad y sus familiares recibieron la exigencia de pagar una cantidad de dinero para su liberación. No obstante, la víctima logró escapar por sus propios medios.
Por lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) identificó a varias personas probablemente relacionadas con los hechos mediante entrevistas, actos de investigación y trabajo conjunto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En consecuencia, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, libró órdenes de aprehensión y de cateo, por lo que personal de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con el MPF y las instituciones de seguridad participantes, ejecutaron los cateos autorizados; en ese operativo se cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de Luis “N”, Aida “N” y Ramón “N”, señalados como posibles responsables.
La FGR, a través de la FEMDH y la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas (FEIDPMR), mantiene su compromiso con la persecución de los delitos que vulneran los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México.
