Por Juan José García Amaro.
La presidenta fija su postura ante el caso Rocha Moya y coacusados
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que las acusaciones que presentó Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya por narcotráfico, son la “prueba de fuego” para que las instituciones demuestren que en México hay políticos honestos.
“Es la prueba de fuego para que las instituciones demuestren que somos un país confiable, que en México hay políticos honestos y que si hay algún político cuya credibilidad está en duda, se aclare”, dijo la diputada al coincidir con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se pronunció por investigar el caso del sinaloense y no encubrir a nadie.
“Yo escuché en la mañana a la presidenta, y reitero, ella dijo: “debe investigarse”, yo estoy de acuerdo, debe investigarse; ella dijo: “no se debe encubrir a nadie”, yo desde esta Cámara de Diputados estoy de acuerdo, no debe encubrirse a nadie, no importa de qué partido político sea, no importa qué cargo tenga”, explicó.
López Rabadán, en tono conciliador, consideró que lo más importante para un gobernador en funciones es su reputación, por lo que si hay acusaciones en su contra, como es el caso del gobernador Rubén RochaMoya, deben aclararse y transparentarse.
“Es obligado que tanto el gobernador como los demás involucrados le hagan saber al pueblo de México qué está pasando. Para un servidor público es necesario tener limpia su reputación, es obligado. Representas a millones de mexicanos”, insistió.
Por lo anterior, la legisladora hizo un llamado a darle la importancia necesaria a las imputaciones hechas por Estados Unidos y no normalizar las acusaciones y señalamientos que se realizaron contra la decena de funcionarios mexicanos, quienes fueron acusados por narcotráfico y por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.
“Me parece que hay una necesidad, yo les diría apremiante, urgente, de poner en su justo valor y en una gran importancia que los servidores de México, tanto en nuestro país como en Estados Unidos y en el mundo, puedan ser los mejores, los más prestigiados…
“No debemos normalizar ni las acusaciones ni los señalamientos y mucho menos los vínculos. Es claro que ante un señalamiento de esta magnitud debemos ocuparnos y debemos dar respuestas claras, transparentes, concretas.
Por último, la diputada aseguró que hoy estamos ante una de las mayores crisis de inseguridad en el país, por lo que si hay un servidor, una servidora pública que esté en un proceso de investigación en México o en Estados Unidos:
“Esos servidores públicos deben de enfrentar, por supuesto, un proceso, claro, aportándose pruebas, claro, definiéndose en términos de derecho, por supuesto, en México y en Estados Unidos, pero si hay un responsable, debe ser sancionado. Ya no podemos permitir que haya vínculos de servidores públicos y del crimen organizado”, sentenció.
La presidenta fija su postura ante el caso Rocha Moya y coacusados
Horas antes de las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó en la “Mañanera del pueblo”, que la noche del pasado martes, la cancillería recibió 10 documentos, en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.
Asimismo detalló los pasos que se siguieron en torno a las solicitudes que fueron entregadas por la Embajada de Estados Unidos en México, hasta que la tarde del pasado jueves, se entregaron esos documentos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo señaló que la FGR iniciará una investigación para allegarse de toda la información para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenten con el fundamento legal para solicitar las órdenes de aprehensión.
“La Fiscalía General de la República estableció que la legislación señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
“Es decir, si la Fiscalía General de la República, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
“Lo he dicho de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.
“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”, apuntó.
