Por Juan José García Amaro.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente por los delitos de narcotráfico y tráfico de armas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como a otros nueve funcionarios, tanto en activo como retirados, En este grupo destaca el senador por Morena, Enrique Inzunza.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, destacó que los diez acusados conspiraron presuntamente con los líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
El fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra el grupo encabezado por Rocha Moya, considerado como uno de los amigos más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La lista de acusados está compuesta por el gobernador en activo, Rubén Rocha Moya, el senador, Enrique Inzunza Cazarez; Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”.
Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conexos con armas. Millán fue acusado también por su participación en el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar, quienes fueron asesinados.
La Fiscalía de Distrito Sur señaló que los acusados son funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que inundó esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton. “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo.
“El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, enfatizó.
Por su parte, el titular de la DEA, Terrence C. Cole, aseguró que el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, “sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro…
“Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley.
“Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”, señaló Terrence C. Cole.
Según las alegaciones contenidas en la acusación formal, se puntualiza que el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial.
Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha colaborado con elementos criminales de todo el mundo, como productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y causar graves daños a las comunidades de todo el país.
El Cártel también ha perpetrado actos de violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en México y otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, se resaltó.
“Para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del cártel, expuesto a las víctimas a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos.
“De hecho, ciertos agentes de policía en México, según las acusaciones, han participado directamente en la violencia y las represalias del cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del cártel y el secuestro de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación”, se detalló.
Los acusados en esta acusación formal son funcionarios gubernamentales o policiales, actuales y anteriores, de Sinaloa. Según la acusación, cada uno de ellos participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
“Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del cártel.
“Ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos.
“También permitieron que miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”, se destacó.
Según las acusaciones, los acusados han estado estrechamente vinculados a la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el notorio exlíder del cártel, conocidos colectivamente como los “Chapitos”.
“Los acusados han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los Chapitos.
Por ejemplo, Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales.
A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”, se indica en la acusación formal.
Como Gobernador, se agrega, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa. De igual manera, los demás acusados han ayudado directa y reiteradamente a los Chapitos a cambio de cuantiosos sobornos relacionados con el narcotráfico.
Además, Saavedra, subprocurador general del Estado, ha recibido aproximadamente 11.000 dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a miembros de la organización de ser arrestados y les ha informado sobre operaciones policiales planeadas con el apoyo de Estados Unidos.
Algunos de los acusados también habrían participado directamente en la campaña de violencia y represalias del Cártel. Por ejemplo, Millán, comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, presuntamente recibía más de 1,600 dólares mensuales de los Chapitos.
A cambio, Millán les otorgaba acceso ilimitado a la Policía Municipal y utilizaba a agentes de la fuerza policial para ayudarlos a mantener el control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos.
Alrededor de octubre de 2023, Millán presuntamente ayudó a los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esta, a quienes posteriormente torturaron y asesinaron, ya que se sospechaba que la fuente proporcionaba información al Gobierno en relación con esta investigación.
Esta acusación es la más reciente de una serie de acusaciones emitidas en este distrito desde 2023, en las que se imputa a más de 30 miembros y asociados del Cártel, incluidos miembros de su cúpula directiva, por su participación en la distribución de grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y delitos conexos, lo que ha tenido un impacto significativo en las operaciones de narcotráfico del Cártel.
La lista de acusados –liderada por Rocha Moya– incluye funcionarios que prestaron o actualmente se encuentran en cargos públicos:
Enrique Inzunza Cazares, actual senador por Morena y exsecretario general de Sinaloa.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
Dámaso Castro Saavedra, actual vicefiscal de Sinaloa.
Marco Antonio Almanza Avilés, expolicía de investigación de Sinaloa.
Alberto Contreras Núñez, alias Cholo, comisario General de la Policía de Investigación.
Gerardo Méridia Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado.
Juan de Dios Gámez Mendivil, actual alcalde de Culiacán.
Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de Policía Municipal de Culiacán.
