Por Juan José García Amaro.
Se va Rocha y deja un saldo mortal de 5 mil homicidios y más de 3 mil desparecidos
Postura del PAN sobre las imputaciones al primer círculo de Gobierno en Sinaloa
Luego de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia para separarse de la gubernatura como consecuencia de los cargos penales por narcotráfico que presentó Estados Unidos en su contra, la dirigencia estatal del PAN de Sinaloa, advirtió que la licencia no puede quedarse en un movimiento administrativo ni en una salida política.
La presidenta estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés, sostuvo que este momento exige una investigación de fondo, transparente y sin simulaciones.
“La licencia no resuelve el problema, es apenas el inicio, lo que sigue es lo más importante: saber qué pasó, hasta dónde llega la responsabilidad de quienes han sido señalados y garantizar que no haya protección política para nadie”, expresó.
En ese sentido, Wendy Barajas sostuvo que recurrir a argumentos de soberanía para frenar o desviar la atención del caso no responde a lo que hoy exige la ciudadanía. “La soberanía no puede utilizarse como escudo, lo que se necesita es claridad y que las instituciones actúen”.
Aseguró que en este caso se da en un contexto de crisis de (in) seguridad que ha marcado a Sinaloa con violencia y miedo, sin que hasta ahora el gobierno haya logrado contener la situación.
“Sinaloa atraviesa su peor crisis de seguridad, que ha llenado de luto y temor a nuestra gente; el gobierno, por omisión o complicidad, no ha podido con el problema. Corresponde a las autoridades esclarecer el nivel de responsabilidad de los involucrados en la investigación y proceder conforme a derecho”, dijo.
Advirtió que, frente a este escenario, es indispensable garantizar la gobernabilidad y evitar que la incertidumbre institucional agrave la situación. “No podemos permitir que la violencia que viven las familias se sume la inestabilidad…
“Sinaloa necesita instituciones firmes, decisiones apegadas a la ley y certeza para la gente”, expresó la dirigente estatal del PAN en esta entidad, donde hizo un llamado a que este momento marque un punto de quiebre para avanzar hacia la pacificación del estado.
“Es momento de asumir responsabilidades, pero también de trabajar para recuperar la paz. No podemos resignarnos a vivir en medio de la violencia y la incertidumbre”, dijo Barajas Cortés al exigir a las autoridades federales una investigación seria.
“Exigimos una investigación seria, profunda, imparcial y transparente, en la que se determine el nivel de responsabilidad de los involucrados”, dijo al indicar que dará seguimiento a las investigaciones, insistiendo en la necesidad de resultados claros.
“La impunidad no es opción, pero tampoco la ingobernabilidad. Demandamos al Gobierno de la República respuestas mediante una investigación exhaustiva, imparcial, congruente y transparente”, concluyó.
Se va Rocha y deja un saldo mortal de 5 mil homicidios y más de 3 mil desparecidos
Una vez que Rubén Rocha se separó de la gubernatura, se puede ilustrar en cifras oficiales, en las que se contabilizan más de 5 mil homicidios, más de 3 mil familias desplazadas, más de 3 mil desaparecidos y casi 5 mil negocios desaparecidos a consecuencia del crimen.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2021 y 2025 se acumulan más de cinco mil víctimas de homicidio doloso, lo que mantiene a Sinaloa dentro de los estados con mayor incidencia en este delito.
En materia de desapariciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta un incremento sostenido desde 2022. Las cifras oficiales son dinámicas y se actualizan de forma permanente, pero coinciden con estimaciones de colectivos de búsqueda que ubican el número de personas desaparecidas en miles de casos recientes.
El dato de 3 mil 688 desapariciones en un periodo de 20 meses se encuentra dentro de los rangos documentados por organizaciones civiles, aunque no corresponde a un corte único oficial consolidado.
En delitos patrimoniales, el robo de vehículos muestra niveles consistentes con la actividad delictiva. Datos del Secretariado Ejecutivo permiten ubicar más de nueve mil unidades robadas en un periodo de 20 meses. Este delito se vincula de forma recurrente con la operación de grupos criminales en distintas zonas del estado.
El impacto económico es grave, ya que el IMSS documenta variaciones en el empleo formal, con periodos de caída en sectores específicos. Se estima a la fecha más de 30 mil empleos perdidos, debido a cierres de unidades económicas y contracción en actividades productivas.
Por último, las cámaras empresariales como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio han reportado el cierre de 4 mil 569 establecimientos, en su mayoría por el impacto del delito de extorsión que aplican los grupos del crimen organizado.
De acuerdo con estimaciones de organismos empresariales y análisis regionales que consideran pérdidas en inversión, comercio y empleo, se calcula un daño económico cercano a los 70 mil millones de pesos debido a la obligación de las empresas de reubicación por el crimen, el cierre de negocios, la aplicación de sistemas de seguridad más amplios y caída de empleos por horarios recortados.
Postura del PAN sobre las imputaciones al primer círculo de Gobierno en Sinaloa
Acción Nacional afirmó que las recientes acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa por delitos contra la salud confirman una situación que desde hace tiempo ha sido señalada y que hoy adquiere una dimensión institucional.
El partido señaló que lo que durante años se negó desde el oficialismo hoy se materializa en investigaciones formales, lo que convierte este caso en algo más que un escándalo político.
“Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, advirtió el blanquiazul.
Acción Nacional subrayó que Sinaloa enfrenta desde hace más de un año y medio una situación de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad.
En ese contexto, sostuvo que un gobierno bajo este nivel de señalamientos no cuenta con las condiciones para enfrentar la crisis ni para garantizar la tranquilidad de las familias.
Por ello, el PAN consideró que se debe evaluar de manera inmediata en el Senado de la República la desaparición de poderes en la entidad, como una medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias.
“No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, señaló. Acción Nacional advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con este flagelo.
