Por Juan José García Amaro.
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Marina (Semar), capturaron a la hermana de Emilio Lozoya Austin, Gilda “N”, por su presunta participación en el lavado de 3.4 millones de dólares.
La detenida, por instrucciones de su hermano, exdirector de PEMEX en la administración de Enrique Peña Nieto, aparecía como propietaria de la empresa Tochos Holding Limited, para ‘lavar’ alrededor de 3.4 millones de dólares, recursos que se derivaban del sonado caso “Agronitrogenados”.
“Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la Fiscalía General de la República, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“De acuerdo con los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), antes SEIDF, esta persona está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio “N”, precisa la FGR.
De acuerdo con el expediente, el exdirector de Pemex justificó el nombramiento de su hermana (estudiante) al frente de la compañía Tochos Holding Limited, al presentar un documento en el que manifestó que lo hacía a modo de una herencia que cubriera sus necesidades a futuro.
Sin embargo, la FGR puso en duda la forma en la que una persona que aparentemente tenía como actividad la de ser estudiante pudiera ser accionista o propietaria de una entidad mercantil que operaba elevadas cantidades de recursos.
Trascendió que la empresa Tochos Holding Limited fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas, considerada un paraíso fiscal. “Al aperturar una cuenta con la institución financiera UBS SA (sociedad suiza de servicios financieros), señaló tener como beneficiario a Emilio, quien, posteriormente, designó a su hermana como operadora”, se indicó en las investigaciones.
Gilda Lozoya fue detenida este jueves por la FGR en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante esa empresa.
Cabe destacar que la imputación está relacionada con el caso Agronitrogenados, que consistió en la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes que el entonces director de Pemex realizó en 2013 a Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad del empresario Alonso Ancira.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, del 12 de julio al 28 de noviembre de 2012, Tochos Holding Limited recibió cinco transferencias de una empresa propiedad de Ancira, relacionadas con presuntos sobornos para concretar la compra de la planta ‘chatarra’.
Entre los movimientos financieros destaca el registrado el 9 de noviembre de 2012, a través de la cuenta bancaria 024088097460T, por la cantidad de un millón 516 mil 835 dólares. La FGR señala que, a través de esta empresa fachada, se transfirieron recursos para financiar la compra de un inmueble de la familia Lozoya, cuya extinción de dominio ya fue decretada a favor de la Federación en sentencia definitiva.
Cabe destacar que, de acuerdo a la indagatoria de la FGR, se insiste que los recursos recibidos y administrados por Gilda “N”, posiblemente tienen una procedencia ilícita, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.
Por lo anterior y tras los trabajos de la FGR y del Gabinete de Seguridad federal, se le cumplimentó una orden de aprehensión por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicha persona, quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica.
