Desde mi teclado: Por Juan José García Amaro.
Este lunes, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), puso al descubierto otro presunto millonario caso de corrupción que fue operado en Morena por Mario Delgado y se mantuvo por Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrá, como presidenta y secretario de Organización, respectivamente.
Para ello, la estructura de Financiera para el Bienestar (Finabien) fue utilizada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para dispersar cientos de miles de pagos etiquetados como “apoyos sociales” durante la gestión de Delgado y de Alcalde, mientras que hoy se desconoce si Ariadna Montiel sigue con este esquema.
En cuanto a la red oculta de pagos que ‘administraron’ ambos dirigentes y Andy López Beltrán, quedó constancia en dos contratos suscritos por Morena con Finabien en junio de 2022, durante el periodo de Delgado, y en diciembre de 2025, con Alcalde.
En respuesta a una petición de transparencia de MCCI, Finabien entregó copia de los dos contratos. En contraste, “Morena prefirió no mostrar los convenios, a pesar de ser sujeto obligado a rendir cuentas sobre la utilización de los recursos públicos que recibe”, apuntó la organización civil.
Más de 252 mil pagos
Cabe destacar que, a mediados de junio, Mexicanos contra la Corrupción reveló una auditoría practicada por el Órgano Interno de Control de Finabien en la que se menciona que el CEN de Morena contrató a la institución para dispersar hasta 252 mil 901 pagos por concepto de “apoyos sociales”.
La auditoría interna menciona que ese acuerdo tuvo vigencia del 1 de junio de 2022 y que al 28 de junio de 2024 seguía activo; es decir, que los pagos siguieron fluyendo durante el proceso electoral de aquel año, en el que Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia de la República y Morena obtuvo la mayoría en el Congreso federal.
En el punto 4 de la misma revisión, los auditores señalaron que para la realización del contrato “no se identificó ninguna acción o protocolo para la atención de la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; antiterrorismo de Instituciones de Tecnológica Financiera o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, también conocida como “ley antilavado de dinero”.
Esto significa que no hubo claridad del origen y destino del dinero que Morena le encomendó dispersar a Finabien. Opacidad en su máximo nivel.
“La dispersión masiva de recursos por parte de los partidos políticos es considerado un acto ilegal, ya que estos institutos no tienen la función o atribución de hacerlo de acuerdo con el marco que rige su actuación”, dijo un ex consejero electoral del INE consultado por MCCI.
Además, en los informes de gastos del proceso electoral 2023-2024, Morena no declaró ningún acuerdo con Finabien ni la repartición del dinero a través de los giros que contrató.
El 24 de junio pasado, una semana después de la publicación, el periodista Francisco Garfias estableció en su columna “Arsenal” que fue contactado por expertos que analizaron la auditoría interna y que le mencionaron que el tema prioritario no habría sido el uso de esos recursos con fines electorales, sino el punto 4 del documento, referente a la omisión de acciones para prevenir los lineamientos contra el lavado de dinero.
“En otras palabras, no se sabe de dónde vinieron los recursos ni cómo fueron dispersados. ‘Es lavado de dinero’, aseveraron, sin usar la palabra presunto’”, escribió Garfias, quien agregó que el monto de dinero dispersado se calcula en más de 600 millones de pesos.
Los contratos
No obstante, en los contratos firmados entre el CEN de Morena y Finabien no se precisa la cantidad de pagos ordenados o el dinero dispersado, por lo que el monto total que transfirió el partido sigue siendo una incógnita.
Sólo se refiere que los contratos fueron suscritos “para la prestación del servicio asociado al giro telegráfico a grandes usuarios para el pago de ‘apoyos económicos’”.
Dentro de los acuerdos se observa a grandes rasgos el servicio que prestaría Finabien al partido político, con cuatro anexos en los que se detallan datos generales como el monto de comisiones que pagarían los beneficiarios, la cuenta a la que Morena debió depositar el dinero para su dispersión, los datos que conforman cada giro (u orden de pago), etcétera.
El primer convenio se concretó el 1 de junio de 2022 y quedó registrado con el número DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022. Al final del documento aparece la firma de Francisco Javier Cabiedes Uranga, quien entonces era representante legal y delegado en funciones de la Secretaría de Finanzas del CEN Morena.
Después de ejercer su cargo como representante legal del Movimiento Regeneración Nacional cuando Mario Delgado lo lideraba, Cabiedes Uranga se sumó al equipo del hoy secretario de Educación Pública, pues fue designado director general del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa en noviembre de 2024, cargo que ostenta a la fecha.
El segundo contrato fue signado el 21 de abril de 2025 cuando Luisa María Alcalde era la dirigente nacional de Morena. Los firmantes son personas que la acompañaron desde que fue titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y luego de la Secretaria de Gobernación (Segob), en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Luego ocuparon espacios en Morena hasta que Alcalde Luján fue sustituida por Ariadna Montiel y fue invitada a ser titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia por la propia mandataria Claudia Sheinbaum en abril pasado.
En el espacio de las rúbricas del segundo contrato aparecen Luis Portillo Bencomo y Alfredo Nader Mena, quienes eran apoderados legales del partido guinda.
Portillo Bencomo colaboró con Alcalde en la Secretaría del Trabajo como coordinador administrativo desde el 1 de diciembre de 2018, fecha en que la llamada cuarta transformación inició su primera administración de la mano de AMLO.
En 2023 pasó a tener un cargo dentro de la oficina de la secretaria de Gobernación, año en que coincide el nombramiento de Alcalde en ese cargo.
Después de haber ido a Morena y ser apoderado legal, Portillo siguió a quien ha sido su jefa en los últimos años y hoy se desempeña como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.
Alfredo Nader, el otro firmante, es licenciado en Arquitectura y es colaborador de Alcalde desde marzo de 2020 cuando se integró a la STPS como director general de Recursos Humanos.
En 2023 pasó a la Segob como director general de Recursos Materiales hasta marzo de 2024, cuando pasó al ISSSTE como director de las tiendas SUPERISSSTE. Más tarde regresó a la STPS como titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
Ruta opaca, la respuesta de Morena
Mientras Financiera para el Bienestar entregó copia de los contratos firmados con Morena en respuesta a una solicitud de información, el partido político optó por recomendar una ruta en la que no se encuentran dichos documentos.
El instituto político se limitó a explicar paso a paso la consulta de los contratos que registró en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, al seguir las instrucciones se comprobó que no están alojados dichos convenios.
