Crónica digital: Por Fran Ruiz Perea
Nueva victoria judicial de Donald Trump en su guerra contra los inmigrantes. Este martes, una Corte de Apelaciones autorizó al Gobierno a reanudar el proceso de deportaciones aceleradas (expedited removal) en todo Estados Unidos que estaba reservado para las personas detenidas al cruzar las fronteras, expulsadas sin posibilidad de presentar sus casos ante un juez.
En una votación de dos a uno, los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvieron que no se violaron los derechos de los inmigrantes al extender este proceso al resto del país.
A partir de ahora, los agentes de ICE tienen de nuevo vía libre para deportar a personas detenidas en zonas alejadas a más de 160 kilómetros de la frontera, por lo que la orden abarca los confines de todo el país, incluida la lejana Alaska.
Apenas asumió su segundo mandato, en enero de 2025, Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) expulsar a todos los extranjeros que no pudieran demostrar que llevan menos de dos años residiendo en el país sin permitirles una audiencia frente a un juez de inmigración.
Revés para defensores de la Quinta Enmienda
Tras una demanda de organizaciones civiles (como Make the Road New York), la jueza federal de distrito Jia Cobb bloqueó temporalmente la medida.
La jueza de Washington DC determinó que aplicar este proceso fast-track en el interior del país violaba el derecho constitucional al debido proceso, protegido por la Quinta Enmienda.
Según argumentó la magistrada, al despojar al detenido del derecho a una audiencia ante un juez de inmigración, existía un “riesgo altísimo de cometer errores graves”, terminando por deportar a residentes de largo plazo o personas con estatus legal que simplemente no traían sus documentos consigo en el momento de la detención.
Jueces nombrados por Trump
El juez Justin R. Walker, nombrado por Trump, redactó la opinión mayoritaria, a la que se unió la jueza Neomi Rao, también designada por el mandatario republicano.
“La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia ‘directriz de política escrita’ es ilegal…“, escribió Walker en la opinión mayoritaria.
Sobre si se viola o no el debido proceso, Walker opinó que la directriz del presidente Trump no priva a los extranjeros “de una oportunidad significativa de ser escuchados”.
Voto disidente
El juez Robert L. Wilkins, nombrado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), escribió en su voto disidente que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no habían refutado que, al aplicar dicha política, había deportado a varias personas que llevaban más de dos años en el país, demostrando así la alta probabilidad de que se produzcan expulsiones arbitrarias e ilegales. Los primeros informes oficiales consolidados indican que Estados Unidos deportó a 442,000 personas durante el año fiscal 2025.
