Por Juan José García Amaro.
Luego de una audiencia que se prolongó por más de 24 horas, la Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo de una juez de Control, prisión preventiva en contra de Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Durante la audiencia inicial, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por los ilícitos referidos.
Una vez que las ocho personas fueron imputadas por su presunta responsabilidad en el contrabando de más de 15 millones de litros de combustible, en esta audiencia se resaltó que provocaron un perjuicio a la hacienda pública por más de 4 mil millones de pesos.
Posteriormente, los imputados solicitaron a la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Alejandra Ramírez De la Vega, la duplicidad del término constitucional para la presentación de datos de prueba a su favor, por lo que el próximo viernes se determinará si son o no vinculados a proceso.
Por su parte, el agente del MP de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó más de 100 datos de prueba en su contra, como los aseguramientos de hidrocarburos y las operaciones financieras que se llevaron a cabo por Ingemar, empresa fundada por Ruffo Appel.
Mientras se resuelve la situación jurídica de las personas implicadas en este cuestionado caso, en los que fueron imputadas por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, la FEMDO solicitó que se les decretara la prisión preventiva.
Al término de la audiencia celebrada de manera virtual, Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, fueron trasladados de la FEMDO ubicada en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, al penal del Altiplano, en el Estado de México.
Con respecto a José María Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, la jueza ordenó que permanezcan en prisión preventiva en sus domicilios por motivos de salud, ya que sus respectivos defensores presentaron constancias médicas, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén, fue ingresada al Cereso ubicado en Nezahualcóyotl Sur.
Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.
Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos, destacó la FGR.
La institución federal señaló que estas conductas delictivas generaron una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
Al respecto, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que en este caso, se logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la
cual comenzó a operar a través de Ingemar, la cual registró ingresos por flujos superiores a
los tres mil 75 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones de divisas por más de mil 386 millones de dólares.
Añadió que la investigación les ha permitido conocer que la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril. “El combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal a Coahuila, Durango y Zacatecas”, apuntó.
Sin embargo, tras los operativos ocurridos en marzo y julio del 2025, en los que se aseguraron, más de 8 millones, y 15 millones de litros de hidrocarburo, en un predio de Ensenada y en 129 ferrotanques en Coahuila, respectivamente, Ruffo Appel dijo que su empresa únicamente manejó la importación y el papeleo aduanal en la frontera.
Entre las voces que han cuestionado el proceder de la FGR en contra del exmandatario, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos México, dijo que Ruffo Appel explicó detalladamente lo irracional e inconsistente de tales acusaciones, puesto que la empresa de la que es socio está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía.
“El propio Ruffo Appel lo ha declarado, la empresa de la que es socio tiene como actividad principal los trámites y gestiones aduanales de productos que otras empresas y/o particulares quieren introducir al país.
“Su relación directa es con la Agencia Nacional de Aduanas de México para los trámites administrativos. Es la ANAM la que certifica el tipo de producto que se introduce a México. Ruffo Appel lo ha dicho públicamente, la ANAM es la gran responsable de evitar o permitir el tráfico de huachicol.
“Aún así, Ernestina Godoy decidió arremeter contra Ruffo, mientras se hace de la vista gorda ante la contundente evidencia del fraude fiscal más grande de la historia, el tráfico ilegal de combustible perpetrado por autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Marina y varios gobernadores morenistas actualmente en funciones”, acusó.
Sostuvo que este agravio no puede explicarse de otra manera, sino como una cortina de humo que pretende distraer la atención pública del escándalo que han generado los audios de la gobernadora Marina del Pilar y sus negociaciones al margen de la ley con agentes norteamericanos, admitido públicamente por ella misma.
“Acusar a Ruffo de huachicol no sólo es un atropello a su integridad y a su trayectoria, sino un agravio y una burla hacia la sociedad mexicana por parte de las autoridades federales que buscan con acciones como ésta desviar la atención de los escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizados de gobernadores y funcionarios leales al régimen como Rubén Rocha Moya, acusados pública, abierta y formalmente de vínculos con el crimen organizado y solapados y protegidos desde las más altas esferas del poder:
“Lo decimos con toda claridad, los huachicoleros fiscales no están en la sociedad civil, en el sector empresarial o en la oposición. Los responsables del desfalco de más de 600 mil millones de pesos, el más grande de la historia de México, siguen operando y protegidos desde el poder con total impunidad porque son y siguen siendo los financiadores de las campañas ilegales de Morena y sus aliados”, enfatizó.
