El derecho de una justicia limpia, digna y libre de la narcopolítica cobra especial actualidad con motivo de la petición de la detención provisional con fines de extradición del exgobernador del Estado de Sinaloa, un devoto del pensar, actuar y mandatar de Andrés Manuel López Obrador; el mismo que fue decretado ‘inocente’ por Ernestina Godoy Ramos y quien gobernó muchos años en aquella Entidad Federativa con estilo de forajido de la ley.
La Primera Magistrada de la Nación, que como se sabe es científica y no jurista, denegó desde su atril mañanero, las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, alegando según su decir y sentir, la falta de pruebas en contra de Rubén Rocha Moya; denotando con ello, también, una falta de conocimientos en procedimientos de extradición para dar cumplimiento al fondo de la cuestión. Ella apeló a la Soberanía Nacional para “proteger”, quizá sin querer, a un narcopolítico.
Aquel gran poeta romano, Publio Virgilio Marón, una de las máximas figuras de la literatura clásica y autor de la Eneida, decía: “sic itur ad astra”, se refería, con ese decir, al camino adverso que debían seguir los triunfadores. Por tal razón en este caso de pedido de detención provisional, a la justicia se le ha impedido enfrentarse con valor al quid del problema legal planteado.
Los juristas intelectuales y conscientes de los Estados Unidos Mexicanos no pueden entender o comprender que se desconozca al “derecho internacional” por ese problema de “detención provisional” y, que se argumente imprudentemente una defensa a la Soberanía, pero no al Derecho Legal.
Esas togas racionales no pueden vislumbrar el hecho que se pretenda divorciar a la moral política y al Derecho y que sea una Fiscal General de la República la que “absuelva” a la narcopolítica que le tocaba investigar con probidad. Ex digito gigas decía Mateo sobre el peligro de los falsos.
Es imposible que el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, comprenda que por un lado va la Constitución de la República, los tratados internacionales, como el de extradición y las leyes secundarias y, por otro lado, pretendan darle un valor legal a la narcopolítica, desconociendo con ello, el hecho de cumplir con las exigencias del derecho internacional y del derecho penal.
La “absolución” decretada por la Fiscal General de la República ha sido muy irrespetuosa de su misión constitucional. Podría haber elegido mejor el camino de las conveniencias y punitivas contenidas en ese pedido de “detención provisional”. Pero no lo hizo. Ha querido procurar una justicia selectiva que perjudica la dignidad de un País soberano.
Todo un disparate jurídico que sólo tiende a proteger a los amigos de Andrés Manuel López Obrador…
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.
