Desde mi teclado: Por Juan José García Amaro.
Luego de que el Gobierno morenista de la 4.T lo castigó con un cargo en la SEP, con un sueldo superior a los 160 mil pesos mensuales, por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes en la Estación Migratoria, el amigo del innombrable (ex) presidente Andrés Manuel López Obrador, Francisco Garduño, comparecerá este martes ante un juez federal.
Aunque de entrada, se considera inútil esta comparecencia, pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio por cerrado este lamentable caso, la diligencia está programada para las 09:15 de la mañana, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Ciudad Juárez.
El entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, deberá comparecer en la audiencia por la causa penal 237/23, la cual será controlada por el juez federal, Víctor Manilo Hernádez. En este acto, la defensa de las víctimas buscarán revocar la suspensión condicional de su proceso.
Mientras que el objetivo de la diligencia es obligarlo a enfrentar un juicio oral por la muerte de 40 migrantes y las graves lesiones a 27 más, el exfuncionario se mantiene en la nómina federal cobijado por la actual administración: percibe un sueldo bruto mensual de 162 mil 888 pesos como director de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP.
El 21 de enero de 2026, Sheinbaum justificó su nombramiento: “Él viene desde hace mucho tiempo trabajando (con la 4T). Es doctor en Derecho, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, no está bajo proceso de ningún tipo no tiene ya ningún proceso jurídico. Y con Mario (Delgado) se tomó esa decisión”, sentenció la Presidenta, quien, por este tipo de declaraciones, ha sido señalada de presidir en Palacio, el más influyente despacho de Defensa.
Haciendo un paréntesis, sin contar la defensa que ha tendido sobre los narcopolíticos que son reclamados por Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico, un grupo de abogados cuestionaron las declaraciones de CSP, en las que descartó categóricamente que Andrés Manuel López Beltrán, esté involucrado en actividades criminales.
Los especialistas puntualizaron que corresponde a la Fiscalía Investigar y a los jueces determinar responsabilidades, por lo que consideraron que, “desde la Presidencia no se puede exonerar a ninguna persona”.
Por lo que en este caso que se sigue contra Francisco Garduño, el abogado Marcos Zavala, asesor jurídico de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y representante pro-bono de 19 víctimas (10 sobrevivientes y nueve núcleos de fallecidos) de Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela, rechazó las declaraciones presidenciales, pues aseguró que se tienen las pruebas para ganarle la batalla en juzgados, en las que destacan tres amparos en revisión que impiden el cierre del expediente.
Sostuvo que Garduño incumplió las medidas que impuso el juez Víctor Manlio Hernández Calderón para otorgarle la suspensión condicional del proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, además de que las víctimas que él representa se negaron por unanimidad a aceptar las disculpas públicas que fue obligado a ofrecer.
Para frenar el carpetazo y evitar que “salga por la puerta trasera” mediante un mecanismo ideado para delitos menores, la defensa victimal demostrará que él no ha desembolsado un solo peso de su patrimonio para resarcir el daño, sino que pretendió validar como “cumplimiento individual” los pagos por 246 millones de pesos que cubrió el Estado mexicano con fondos del erario a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Por ello, la DHIA –organización de la sociedad civil especializada en la defensa de derechos humanos y acompañamiento a personas en movilidad- exhibirá en la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez una serie de amparos en revisión vigentes en tribunales colegiados de circuito -entre ellos los expedientes 803/2023 y 955/2023-.
Mientras los magistrados no resuelvan el fondo de estos, el juez Hernández Calderón está impedido a decretar la absolución del exdirector del INM, comentó Zavala.
En los amparos se impugna la deficiente actuación tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) -por procesarlo únicamente por un delito administrativo (ejercicio ilícito del servicio público) y no por homicidio y lesiones-, como de los jueces de control -por una mala vinculación a proceso- y de la CEAV, “misma que actuó como comisión de atención a imputados”, ironizó.
También se objeta el incumplimiento de las medidas de atención médica y rehabilitación a las víctimas, pues resultó imposible que los sobrevivientes con severos daños pulmonares, neuronales y quemaduras de por vida que radican en sus países de origen fueran atendidos en el IMSS.
“Debieron recibir atención médica, psicológica y rehabilitación en sus países, porque iba a resultar totalmente costoso traer en avión a las 27 personas lesionadas o a los núcleos de las víctimas fallecidas que viven en condiciones de desigualdad estructural, entonces esta cláusula por sí misma resultaría totalmente incumplida”.
El abogado Zavala denunció que tanto la FGR como la CEAV y la CNDH actuaron alineadas a los intereses del imputado en lugar de defender a las víctimas. Explicó que las instituciones pretendieron dar por cumplida la reparación mediante trámites burocráticos y coberturas del dinero público, mientras nueve subordinados de menor rango sí permanecen en prisión preventiva.
Se prevé que, en la audiencia de este martes, los sobrevivientes y cónsules centroamericanos de Honduras, El Salvador y Guatemala acompañarán la diligencia para exigir justicia en condiciones de igualdad procesal.
Mientras tanto, permanece viva la tragedia ocurrida el pasado 27 de marzo de 2023 por la noche, cuando se registró un incendio en una de las celdas de la Estación Migratoria Lerdo, en la que murieron intoxicados 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados.
Cae brazo operativo de Garduño involucrado en la tragedia… Pero por otro asunto
Mientras Francisco Garduño Yáñez busca la exoneración definitiva por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, el único alto funcionario del INM procesado por el siniestro es el exdirector de Control y Verificación, Antonio Molina Díaz.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió en junio pasado al brazo operativo de Garduño Yáñez por su presunta vinculación en una red de corrupción atribuida a Genaro García Luna, secretario de Seguridad federal en el gobierno de Felipe Calderón, y no por la muerte de 40 migrantes ni por las graves lesiones de otros 27.
El hecho de que la FGR priorizara su captura por los nexos con García Luna, revela la falta de interés por hacer justicia a las víctimas del 27 de marzo de 2023, señaló Marcos Zavala, asesor jurídico de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y representante pro-bono de 19 afectados (10 sobrevivientes y nueve familias de fallecidos) de Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela.
Como el principal operador de Garduño Yáñez, Molina Díaz encabezaba la oficina con la mayor responsabilidad en las supervisiones de las instalaciones migratorias cuando ocurrió la tragedia humanitaria en la estación de Ciudad Juárez, donde decenas de migrantes estaban encerrados bajo llave.
No obstante, el exfuncionario fue beneficiado con la misma estrategia jurídica de Garduño, ya que la FGR lo responsabilizó únicamente por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, librándolo de los cargos de homicidio y lesiones por los que sí están encarcelados otros exservidores públicos.
Zavala explicó que ahora está en prisión preventiva por esta imputación en la causa penal 236/2023, aunque la medida cautelar le fue impuesta porque se sustrajo de la acción de la justicia por más de dos años.
El abogado aseguró que se cuenta con suficientes pruebas no sólo para que Molina Díaz vaya a juicio penal, sino para revertir durante la audiencia programada para este martes 1 de septiembre la suspensión condiciones del proceso que el juez de distrito Víctor Manlio Hernández Calderón otorgó a Garduño Yáñez.
“Uno de los propósitos es que el excomisionado sea juzgado y no salga por la puerta de atrás sin dar la cara a las víctimas y familiares”. El pasado 2 de junio, la FGR capturó al exdirector de Control y Verificación migratoria como presunto responsable de integrar un entramado de corrupción que encabezó García Luna para desviar cinco mil millones de pesos a través de la construcción de penales federales. Con información de La Aurora.
