La comentadísima y difundida columna anterior denominada “aberrantes lineamientos”, que fuese publicada en el presente medio de comunicación, no sólo ha conmocionado a diversos informadores, sino a muchos pensantes libres del país, incluso a algunos impartidores de justicia.
Violentar de manera tan flagrante y descarada el derecho a la información y libertad de expresión contenidos en la Constitución Política, en parecer de la abogacía independiente es un hecho cierto que denota que a la Cuarta Transformación de la República, le importa
madres respetar nuestro Estado de Derecho, independientemente que es dicho Estado el que regula y ordena las relaciones entre gobernantes y gobernados.
Los lineamientos expresados en la anterior colaboración, de manera inconstitucional exigen a los medios de comunicación y difusión, contar con un “código de ética”, para los efectos de impedir que sea difundida información histórica que sea comparativa con la gobernanza actual.
Obligando con ello a los medios a contar con lo que la Presidenta Constitucional señala como “defensores de la audiencia”; en caso de no hacerlo así, advirtió que serán castigados y multados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual curiosamente, es comparsa y se encuentra integrada por afines a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
Esas directrices fueron expuestas por la Asesora Jurídica de la Primera Magistrada de la Nación, las que van a controlar y someter a los medios de información para que se avasallen a las maquiavélicas consultas públicas, las cuales, se reitera, tienden a silenciar y censurar a los medios para que solo divulguen lo que a los del Movimiento de Regeneración Nacional le convenga. Como si la libertad de expresión fuera un circo al que sólo pueden asistir los aplaudidores del gobierno.
Los auténticos juristas como Don Julio Jiménez Martínez, insisten en que el segundo piso de la Cuarta Transformación de la República debe encontrarse siempre sometido al Derecho y a la Carta Republicana, ya que la soberanía debe de estar limitada objetivamente por las reglas del bien público, entre los que destaca esa libertad de expresión.
En el sueño o affaire de sus lineamientos, se violentan a porfía, todas y cada una de las normas jurídicas de la Carta de Carranza, incluso aquellas de la decencia política.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.
