Por Juan José García Amaro.
Ante el desplazamiento forzado de cientos de familias en la Sierra Tarahumara, particularmente en Guadalupe y Calvo y zona aledañas, el Gobierno de Chihuahua solicitó de “manera respetuosa” la intervención del Gobierno de México, ya que se ha incrementado la violencia en esta región.
El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, Enrique Rascón Carrillo, afirmó que el desplazamiento forzado, es consecuencia de la disputa entre grupos del crimen organizado, situación que ha obligado a un gran número de familias, principalmente indígenas a abandonar sus hogares.
“Si bien, el combate al crimen organizado corresponde constitucionalmente al gobierno federal, el Estado ha asumido su responsabilidad mediante acciones presupuestales, operativas y humanitarias para atender a las personas desplazadas y proteger sus derechos.
“Las familias no abandonan sus comunidades de manera voluntaria, son expulsadas por la violencia. Los esfuerzos locales resultan insuficientes frente a la magnitud del problema”, dijo Rascón Carrillo al llamar a la corresponsabilidad del gobierno federal para garantizar la presencia permanente y capacidad operativa en la región serrana.
“Hoy Chihuahua acompaña cada etapa de su proceso, ya sea para garantizar un retorno seguro o respaldar su asentamiento temporal. Confiamos en que la suma de voluntades en los tres órdenes de gobierno devolverá la tranquilidad a nuestra sierra y la dignidad que nuestras comunidades merecen”, expresó Rascón Carrillo.
Al refrendar el compromiso del Gobierno del Estado de no dar un paso atrás en la protección de las familias desplazadas, precisó: “La magnitud de este problema exige una mayor participación de la federación”.
Finalmente, el funcionario estatal presentó en conferencia de prensa cinco propuestas para fortalecer la coordinación institucional entre los distintos órdenes de gobierno:
1.- Incorporar el desplazamiento forzado interno como tema permanente en las Mesas de Construcción de la Paz del Gobierno Federal.
2.- Integrar este fenómeno a la agenda del Gabinete del Bienestar para reforzar la atención en alimentación, salud, vivienda y educación.
3.- Fortalecer de manera permanente la estrategia federal de seguridad en los municipios serranos, mediante la atención a las causas, la desarticulación de las estructuras criminales y la detención de objetivos prioritarios.
4.- Restablecer los servicios federales en las comunidades afectadas, particularmente en materia de salud, energía eléctrica, abasto e inspección forestal para combatir la tala ilegal.
5.- Destinar recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado interno en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por su parte, la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma, expusieron las acciones implementadas para atender a las familias desplazadas.
Destacaron la activación de mecanismos de acompañamiento y asistencia a través de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno y la habilitación de albergues temporales, así como la entrega de alimentos, atención médica y artículos de primera necesidad.
También, ofrecieron apoyo psicológico y jurídico; la restitución de documentos personales, vinculación a programas de integración social y laboral, y acompañamiento para lograr un retorno seguro cuando existan las condiciones de seguridad necesarias.
Las funcionarias subrayaron que la atención estatal no se limita a responder a la emergencia, sino que busca restituir los derechos de las personas afectadas y ofrecerles condiciones para reconstruir su proyecto de vida.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado reitera que continuará cumpliendo con su responsabilidad de atender la crisis humanitaria, brindar protección a las familias desplazadas y fortalecer la presencia institucional en la Sierra Tarahumara.
Asimismo, refrendó su disposición para trabajar de manera coordinada con la federación y los municipios, con el objetivo de recuperar la paz, garantizar el respeto a los derechos humanos y generar las condiciones para que las familias puedan regresar de forma segura y digna a sus comunidades.
