Por Juan José García Amaro.
La inexistencia de pruebas para sostener que Ernesto Ruffo Appel encabezó una red de huachicol fiscal, así como su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad, confirman que el exgobernador de Baja California es víctima del uso político por parte del gobierno de la 4T, afirmó el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.
“Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran en sus propias filas”, dijo en torno al caso que ha sacudido el terreno de la oposición.
Romero Herrera señaló que no pueden ignorarse los casos de políticos de Morena como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, quienes, dijo, enfrentan graves señalamientos relacionados con presuntos vínculos con grupos criminales, sin que las autoridades actúen con la misma rapidez y severidad.
“No se nos olvidan los políticos de Morena que han sido señalados por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico y que continúan protegidos por el oficialismo. La ley no puede aplicarse con un criterio para los opositores y con otro para quienes pertenecen al partido en el gobierno”, afirmó.
El líder nacional del PAN sostuvo que nadie puede estar por encima de la ley y que, cuando existan pruebas de la comisión de un delito, corresponde aplicar todo el peso de la justicia. Sin embargo, “tampoco puede permitirse que las instituciones sean utilizadas para perseguir adversarios o fabricar culpables”, apuntó.
En el caso de Ruffo Appel, aseguró que se busca atacar a una figura emblemática de la democracia mexicana, al tratarse del primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, mediante un proceso marcado por inconsistencias y decisiones que generan dudas sobre la imparcialidad de las autoridades.
“La justicia no debe instrumentarse como herramienta de presión política. Debe aplicarse con independencia, neutralidad, objetividad y respeto absoluto al debido proceso”, sentenció el panista.
Finalmente, Jorge Romero hizo un llamado a las autoridades judiciales para que valoren con objetividad las pruebas presentadas y conduzcan el proceso con estricto apego a la ley.
“Desde Acción Nacional no permitiremos que las instituciones de justicia se utilicen para fabricar chivos expiatorios. Ernesto Ruffo debe recuperar su libertad ante la falta de elementos que justifiquen una medida tan desproporcionada”, concluyó.
Afirma CSP que Ruffo “violó doblemente la les de importación”.
Mientras el caso del exmandatario se desarrolla sin ningún funcionario acusado de haberle facilitado la importación ilegal de combustible, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 20 de julio, afirmó que la empresa Ingemar, S.A. de C.V., incurrió en una doble violación de las disposiciones legales de importación de hidrocarburos.
“Ya sea porque no reportaba la totalidad del cargamento que introducía al país o porque declaraba un tipo de producto cuando en realidad transportaba otro”, consideró, para luego puntualizar. “La Fiscalía General de la República cuenta con muchísimas pruebas”.
Refirió que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se canceló el permiso de importación a Ingemar, pero que fue el anterior Poder Judicial el que restituyó a la empresa la autorización para importar combustible.
Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos.
Por lo anterior, el 19 de julio, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México, luego de que una jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez le dictó prisión preventiva junto con otros siete implicados.
Finalmente, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, señaló que la red encabezada por Ruffo Appel constituye el mayor esquema de contrabando de combustible detectado en el país, con operaciones que declaraban apenas el 10 por ciento de la capacidad real de cada ferrotanque. La investigación se detonó tras el aseguramiento, en julio de 2025, de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila.
